Este miércoles la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la terminación del Estatuto Migratorio suscrito con Venezuela en el año 2010, un acuerdo que durante quince años facilitó la obtención de visas y residencias a ciudadanos venezolanos en el país andino.
Con 86 votos de las bancadas oficialistas, esta decisión fue respaldada por el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En contraste, la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa, cuyo gobierno firmó el tratado, optó por abstenerse.
Es importante mencionar que el pasado 11 de marzo el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a iniciar el proceso de denuncia del estatuto. En un decreto ejecutivo, Noboa argumentó que las suspensiones y recortes en las fuentes de financiamiento internacional para programas migratorios habían convertido el acuerdo en una carga para el Estado.
Por su parte Lucía Jaramillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, explicó que el estatuto “ya no cumple con su objetivo principal y representa una presión económica para los ecuatorianos”.
De esta forma aclaró que la decisión no supone cerrar las fronteras a los venezolanos, sino garantizar un proceso regular y controlado para su permanencia en el país. “Nadie pierde derechos, pero Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos”, expresó Jaramillo.
Actualmente en Ecuador habitan aproximadamente 444.800 venezolanos, según cifras de 2024 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), lo que lo ubica como el quinto país con mayor población migrante venezolana en la región, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile.
