Del memorando de entendimiento firmado por representantes de Colombia y Venezuela denominado para la Paz, Unión y Desarrollo, conocido también como Zona Económica Especial Binacional (ZEEB), el pasado 25 de julio de este año, todavía la población venezolana en general y la de los estados Zulia y Táchira, en particular, no tiene conocimiento de cuáles podrían ser los beneficios, manifiesta el abogado Macario González, en su condición de docente universitario en la especialidad de política internacional.
Como es ya característica de este gobierno en los acuerdos que suscribe con otros paìses, se mantiene una opacidad y no da explicaciones como es la obligación que tiene, máxime en este caso que sin consulta alguna están siendo afectados 6 millones 401 mil 13 habitantes: 4 millones 957 mil 763 del Zulia y un millón 463. 250 del Táchira. De los departamentos colombianos Santander, Norte de Santander, La Guajira y el Cesar se sabe que en su conjunto hay 6 millones 604 mil 16 habitantes. En total, en esa zona proyectada habitan más de 13 millones de personas, que supera a la población de Bolivia y mucho más a las de República Dominicana y Honduras.
La magnitud de tamaña población venezolana y colombiana, naturalmente, amerita una explicación prolija, bien documentada y sustentada en lo que se va hacer o se puede hacer, ya que por lo que atañe a nuestro país esos seis millones 401 mil 13 personas viene siendo algo así como la quinta parte de toda la población venezolana y, por tanto, han debido ser consultados antes de meterlos a todos en un paquete desconocido. ¿Están o no de acuerdo de ser incluidos en un proyecto binacional, tras ser informados detalladamente de cuáles son los propósitos de participar en una zona especial económica? La consulta tenía que haberse hecho entre los habitantes de cincuenta municipios porque cada uno de los venezolanos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión, máxime cuando está en juego la soberanía territorial.
Si bien parece una buena idea sacar a más de seis millones de personas de la precaria situación económica que viven y de la crisis humanitaria que soportan, también había que considerar que los van a incorporar a una zona que, desde hace décadas, está controlada por grupos irregulares armados y, en consecuencia, la violencia, los delitos y las muertes atroces son dolorosas y tormentosas amenazas diarias que acechan a todas las personas en los territorios fronterizos vecinos.
Gravísima es la situación en la parte colombiana que está siendo incorporada en esa zona económica especial porque en la misma no hay paz como se pretende en el acuerdo promovido por Gustavo Petro, quien por cierto ha reconocido que en esos departamentos fronterizos actúan los grupos ilegales armados, los cuales tienen tanto control que es difícil ser combatidos por las fuerzas de seguridad.
Tanto los ciudadanos colombianos como los venezolanos tienen el derecho de exigir transparencia sobre esa propuesta, plantea Macario González. Diversos representantes de la sociedad civil colombiana, desde el mismo 25 de julio han venido fijando posición sobre el proyecto de Petro y ya se ha acudido al máximo tribunal de justicia para que determine la conveniencia o no de concretar la llamada zona económica especial binacional, porque señalan que se está violando la Constitución colombiana porque no se está actuando debidamente.
En lo que respecta a Venezuela, indica, no podemos pasar por alto que hemos sido víctima de la invasión de esos grupos armados irregulares colombianos y han venido operando a sus anchas en los estados vecinos a Colombia como si tuvieran licencia para cometer secuestros, cobrar vacunas, tener campos de aterrizajes y hasta enfrentarse a las fuerzas de seguridad, habiendo dado muerte a elementos militares.
Creemos que lo más indicado antes de pensar en una zona económica especial binacional es que el gobierno colombiano adopte severos planes de seguridad, somete definitivamente a los terroristas que son esos grupos de guerrilleros que están vinculados al narcotráfico y restablezcan la paz, porque si no lo hacen su proyecto no tendrá sentido porque se le abrirá mayor cancha en territorio venezolano para que incrementen sus actividades delictivas, enfatiza Macario González. El proyecto debe ser dado a conocer y sus objetivos tienen que ser muy claros, precisos y beneficiosos, pero no para quienes mediante las armas y el terror tienen control de amplios territorios.
