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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó su última actualización este viernes 19 de septiembre sobre la situación de derechos humanos en el país, realizado entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El documento registra la represión exacerbada tras la realización de las elecciones presidenciales del año pasado y la califica como la continuación de un plan para «suprimir a la oposición» o quienes sean percibidos como tales.
Este informe describe graves violaciones de DDHH, como detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. La actualización también registra restricciones al espacio cívico, criminalización de la expresión digital; destacando patrones de violencia sexual y de género contra presos políticos y sus familiares.
Acá les dejamos algunos de los datos relevantes que presenta la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos:
Violencia sexual y de género
- 22 casos de violencia sexual y de género documentados en seis estados, contra mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad en el contexto postelectoral.
- Incluye prácticas como sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual/prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada.
Niños, niñas y adolescentes
- Se documentaron 220 casos de detenciones, entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025, en total 187 niños, 22 niñas y otros 11 cuyos género no ha podido ser determinado. El rango de edad es desde los 12 hasta los 17 años.
- Dos adolescentes (Isaías Fuenmayor, de 15 años, y Ángel Mora, de 17 años) fueron asesinados en el contexto de las protestas poselectorales de 2024.
- Cuatro adolescentes continúan detenidos.
Ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa
- La Misión documentó al menos 18 casos nuevos de detenciones de periodistas que se encontraban ejerciendo sus funciones como comunicadores entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Fueron detenciones arbitrarias porque no existían órdenes de captura ni se produjeron en flagrancia.
- Según la organización Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 detenciones de trabajadores de la prensa, lo que representa un aumento significativo del 254% en comparación con los 28 casos documentados en 2023.
- Al cierre del informe, la Misión ha registrado un total de 11 periodistas que permanecen detenidos (10 hombres y una mujer) en el contexto del ejercicio de su labor periodística. Otros tres periodistas siguen presos debido a su activismo político y opiniones.
- Las imputaciones a periodistas se han basado en cargos como terrorismo, instigación al odio y difusión de noticias falsas.
Patrones de represión y censura
- Se contabilizaron 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial contra comunicadores sociales y la prensa.
- La Misión también registró testimonios de agresiones físicas a periodistas mientras cubrían las protestas postelectorales en distintas regiones del país. Uno de estos casos fue el de Jesús Romero, reportero del medio Código Urbe.
Desapariciones forzadas
- La Misión ha documentado 30 casos de posible desaparición forzada.
- 12 casos califican como desaparición forzada bajo interpretación estricta (seis hombres, dos mujeres y cuatro niños, niñas y adolescentes).
Muertes durante protestas
- La Misión de Determinación registró 25 muertes en el contexto poselectoral y no encontró «ningún elemento que las
conecte con las máximas figuras de la oposición, con sus organizaciones políticas ni con los denominados ‘comanditos’». - Documentaron cinco muertes bajo custodia y tres casos de fallecimiento relacionados directamente con la negligencia estatal y la falta de atención médica necesaria y oportuna.
El informe de la Determinación de Hechos de la ONU indica directamente que las autoridades han contribuido de manera esencial a la concreción de esta política de Estado con actos deliberados que facilitaron las violaciones de derechos humanos y garantizaron su encubrimiento, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales.
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