La administración del presidente Donald Trump ha solicitado formalmente a un tribunal federal que no se le obligue a revelar cómo determinó que varios migrantes venezolanos eran miembros del Tren de Aragua, una organización delictiva transnacional que el Departamento de Estado ha calificado como terrorista.
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La negativa, presentada por abogados del Departamento de Justicia, se produce en medio de una creciente controversia por la falta de transparencia en las deportaciones iniciadas en marzo.
En un escrito judicial presentado el martes por la noche, el gobierno argumentó que revelar la metodología utilizada en los formularios de “Validación de Enemigos Extranjeros” podría comprometer “decisiones delicadas en materia de aplicación de la ley”.
Esta declaración se da luego de que crecieran los cuestionamientos sobre la legitimidad de las designaciones que han llevado a la deportación de cientos de venezolanos, muchos de ellos en el área de Nueva York.
Sin información para los representantes legales
La semana pasada, un juez federal de Manhattan, Alvin Hellerstein, bloqueó temporalmente la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a un grupo de migrantes venezolanos, argumentando que no existían fundamentos suficientes para justificar la medida bajo esa legislación de más de dos siglos de antigüedad.
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Los abogados del gobierno han sostenido que, dado que los migrantes ya están protegidos por la decisión judicial, resulta “irrelevante” cómo se determinó su supuesta afiliación al Tren de Aragua.
No obstante, los representantes legales de los migrantes han respondido que, ante cualquier acción de deportación, la información que sustente una acusación tan grave “debería estar fácilmente disponible” para las personas afectadas.
La negativa de la administración Trump ha intensificado el debate sobre el uso de leyes históricas para enfrentar amenazas actuales y sobre los criterios con los que se define la supuesta afiliación criminal de migrantes, especialmente en un contexto donde las consecuencias pueden ser la expulsión inmediata del país.
Promueve la discriminación hacia migrantes venezolano
Este caso también ha reavivado las preocupaciones sobre la posible criminalización sistemática de migrantes venezolanos sin pruebas fehacientes, en un momento en que la diáspora de ese país continúa siendo una de las más grandes del hemisferio.
Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno mayor transparencia y respeto al debido proceso, especialmente en procedimientos de deportación que involucran acusaciones tan serias como el terrorismo o el crimen organizado.
El proceso judicial continúa, mientras la comunidad venezolana y defensores de migrantes siguen de cerca un caso que podría sentar un precedente clave sobre cómo se gestionan las deportaciones bajo acusaciones de afiliación criminal en Estados Unidos.
