La mañana de este 19 de mayo, Edmundo González Urrutia denunció lo que calificó como un “proceso penal ilegítimo y clandestino” en contra de su yerno, Rafael Tudares Bracho, quien permanece desaparecido desde hace 132 días y enfrenta cargos que sus familiares y abogados consideran “absurdos y violatorios de derechos fundamentales”.
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La denuncia se dio a conocer en un comunicado compartido por González Urrutia a través de sus redes sociales, en el que acusó al Estado venezolano de incurrir en una grave violación de derechos humanos al mantener detenido a Tudares Bracho en condiciones desconocidas desde el pasado 7 de enero.
“Denunciamos la grave violación de DDHH contra Rafael Tudares Bracho, desaparecido forzadamente desde hace 132 días y sometido a un proceso penal ilegítimo y clandestino”, expresó el dirigente opositor, reiterando que su yerno no ha cometido delito alguno y debe ser liberado de inmediato.
Una audiencia sin garantías ni transparencia
La denuncia fue ampliada por Mariana González de Tudares, hija del líder opositor y esposa del detenido, quien señaló que este 19 de mayo se pretende llevar a cabo una audiencia preliminar en horas de la noche, sin que se le permita a ella o a la defensa privada asistir al acto.
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“Desde el desconocido lugar donde tienen a Rafael, supuestamente será trasladado a tribunales en horas de la noche, con la advertencia de que no me puedo acercar. ¿Un proceso en clandestinidad?”, cuestionó.
La hija de González denunció que no ha podido ver a su esposo ni confirmar su estado de vida e integridad física desde su detención arbitraria. Afirmó que no ha recibido información clara sobre el paradero de Rafael ni sobre los cargos reales que se le imputan, más allá de alegaciones que considera inverosímiles.
Acusaciones sin fundamento
Según González de Tudares, a su esposo se le acusa de ser representante legal de su padre y de ser su yerno, dos hechos que —asegura— no están tipificados como delitos en el ordenamiento penal venezolano.
“Quisiera saber y que alguna autoridad del Estado me explique: ¿en qué ley penal venezolana se tipifica como delito el hecho de ser yerno de alguien perseguido?”, preguntó de forma enfática.
Asimismo, afirmó que es falso que Tudares Bracho actúe como representante legal de Edmundo González, y calificó el proceso como “absurdo, ilegítimo e inconstitucional”.
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Violación al derecho internacional y constitucional
La familia de Tudares Bracho sostiene que el proceso judicial contraviene múltiples disposiciones de la Constitución venezolana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, al cual Venezuela está adherida.
Entre los artículos violados se citan el Artículo 49 de la Constitución, que garantiza el debido proceso, y el Artículo 25, que establece la nulidad de los actos emanados de autoridades que violen derechos fundamentales.
“Ese proceso judicial y clandestino viola los derechos humanos de Rafael, a quien no se le permite estar asistido de abogado de su confianza”, denunció Mariana González.
Llamado a la comunidad internacional
El caso ha comenzado a despertar preocupación en sectores de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos, que ven en esta situación un patrón de criminalización de familiares de figuras opositoras como mecanismo de presión política.
La familia González-Tudares exige la liberación inmediata y sin condiciones de Rafael Tudares Bracho, así como una investigación independiente que esclarezca las circunstancias de su detención y desaparición.
“Rafael es inocente. Su detención es injusta y su proceso es nulo. Exigimos justicia, verdad y libertad”, concluyó Mariana González.
