La activista de derechos humanos y codirectora de la ONG SurGentes, Martha Lía Grajales, fue excarcelada la noche de este martes tras recibir una medida sustitutiva de libertad. La dirigente enfrentará juicio en libertad luego de ser detenida el pasado viernes por funcionarios de seguridad, tras participar en una manifestación frente a la sede de la ONU en Caracas.
La protesta, en apoyo a madres de presos políticos que habían denunciado agresiones y robos por parte de colectivos armados durante una vigilia, terminó con su arresto, generando una ola de condenas nacionales e internacionales.
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Acusaciones y proceso judicial en curso
La Fiscalía General de Venezuela confirmó que Grajales será procesada por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación. En un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público indicó que la orden de aprehensión se basó en “acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república”.
Aunque inicialmente un tribunal ordenó su privación de libertad, este martes se le otorgó la medida cautelar que le permitirá seguir el proceso fuera de prisión. Durante su detención, Grajales fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda, según informó la ONG Provea.
El esposo de la activista, Antonio González, denunció públicamente que en cuatro ocasiones intentó visitarla en un centro de detención de Caracas sin obtener información, calificando la situación como una “desaparición forzada”.
Reacciones y denuncias internacionales
Diversas organizaciones de derechos humanos han calificado el caso como un “montaje judicial” y han exigido la anulación de las acusaciones. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y colectivos internacionales, incluidos varios de izquierda, se pronunciaron exigiendo su liberación inmediata.
La detención de Grajales se suma a una serie de arrestos recientes de defensores de derechos humanos en Venezuela, que han encendido alertas sobre el creciente uso de acusaciones por delitos contra el Estado para judicializar la protesta y la disidencia.
Con la medida sustitutiva de libertad, Martha Grajales podrá continuar su defensa fuera de prisión, aunque enfrentará un proceso por cargos que organizaciones nacionales e internacionales consideran infundados. El desarrollo de su juicio será seguido de cerca, mientras el caso refuerza el debate sobre la criminalización de la protesta en Venezuela.
