Siete casos de violaciones a la libertad de expresión, documentó la ONG Espacio en agosto de 2025. La censura resultó ser la violación más frecuente, con el 57,14 % de los hechos, seguida por la intimidación (28,57 %) y la restricción administrativa (14,29 %). Las víctimas fueron en su mayoría ciudadanos (50 %), además de un camarógrafo y los casos se registraron principalmente en Internet (66,67 %).
Entre enero y agosto de 2025 suman 167 violaciones a la libertad de expresión. La censura e intimidación fueron los hechos más recurrentes, cada uno con 28,74 %, seguidos por la restricción administrativa (14,37 %) y el hostigamiento judicial (13,77 %). En cuanto al alcance, la mayoría de los casos ocurrieron en Internet (55,06 %), con enero como el mes con más registros (39). Además, se reportaron 24 detenciones, en su mayoría contra particulares (54,17 %) y periodistas (33,33 %).
Durante agosto de 2025 se registraron nuevas detenciones arbitrarias contra activistas y sindicalistas, restricciones a la labor periodística, cierres de medios de comunicación y se cumplió un año de la detención sin juicio del periodista Víctor Ugas. Estos hechos reflejan la continuidad de las prácticas de hostigamiento y censura que afectan el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información en Venezuela.
Detenciones arbitrarias y hostigamiento a activistas
El 8 de agosto detuvieron a la activista Martha Lía Grajales, codirectora de la ONG SurGentes, por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de participar en una concentración pacífica en Caracas. “Fue interceptada y se la llevaron a la fuerza en una camioneta gris sin placa”, denunció la organización.
El 11 de agosto el Ministerio Público confirmó su detención y la imputó por los delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. Al día siguiente, a Grajales la excarcelaron bajo medidas sustitutivas.
El 13 de agosto detuvieron a Rusbelia Astudillo, defensora de derechos humanos de los jubilados y consultora jurídica de FENAJUPV, por sujetos sin identificación en Caracas, sin orden judicial ni explicación del procedimiento.
Un día después, el 14 de agosto, Roberto Campero, profesor y dirigente sindical, lo detuvieron en Turmero, estado Aragua. Allanaron su vivienda de forma violenta y hasta la fecha sus familiares desconocen su paradero, lo que constituye una desaparición forzada.
Periodistas en riesgo y criminalización de la labor informativa
El 18 de agosto se cumplió un año de la detención del periodista Víctor Ugas, quien permanece recluido en el Centro Penitenciario Tocorón sin juicio ni defensa privada. Lo acusaron de “incitación al odio” y “agresiones genéricas” tras un altercado con un creador de contenido y la difusión de un video en redes sociales.
El 24 de agosto, los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, del canal Milenio, los detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y posteriormente fueron deportados. “Prácticamente, el argumento que nos dieron es que las actividades periodísticas no están permitidas en ese país”, relató Navarro.
Cierre de medios y restricciones a la comunicación
El 18 de agosto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre definitivo de SuperCable, empresa de televisión por suscripción e internet con más de 30 años de operación en el país. La compañía informó a sus usuarios que cesaron sus actividades en cumplimiento de la orden regulatoria, tras un proceso iniciado en marzo que no fue explicado públicamente.
El 29 de agosto, la Televisora Regional del Táchira (TRT) cerró parcialmente sus operaciones y despidió a nueve trabajadores por dificultades económicas, lo que limitará la programación a contenidos pregrabados.
