España elevó este lunes su voz en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, tras la presentación del sexto informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos (FFM).
El representante de la delegación española denunció la intensificación de la represión política desde las elecciones presidenciales de 2024, señalando que se ha producido un repunte de detenciones arbitrarias contra opositores, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
“España cuenta con cuatro nacionales y 16 ciudadanos de doble nacionalidad detenidos arbitrariamente en Venezuela, a quienes se les priva de la debida asistencia consular”, afirmó el diplomático, quien también reclamó el fin de las desapariciones forzadas, la tortura y la violencia sexual contra detenidos.
Informe de la ONU: represión tras las presidenciales
El documento presentado por la FFM, que abarca el periodo septiembre 2024 – agosto 2025, concluye que el régimen de Nicolás Maduro desplegó “los métodos más duros de su maquinaria represiva” tras los comicios del 28 de julio de 2024.
Entre el 28 y el 30 de julio de ese año, 25 personas fueron asesinadas durante las protestas contra los resultados anunciados por el CNE.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, reiteró que los crímenes documentados incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, incomunicación prolongada y detenciones de menores.
Europa cierra filas
España no fue la única voz europea en condenar los abusos. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, en representación del Benelux, se sumaron a la declaración de la Unión Europea y denunciaron que más de 820 presos políticos siguen tras las rejas en Venezuela, entre ellos dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Ronald Carreño, Rocío San Miguel y Perkins Rocha, así como la periodista Nakary Mena Ramos.
Además, alertaron sobre el llamado “efecto puerta giratoria”, en el que algunos prisioneros son liberados mientras ocurren nuevas detenciones, lo que calificaron como una táctica de intimidación contra la sociedad civil.
Llamado a la acción internacional
“Las autoridades de Venezuela deben cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar el respeto a los derechos humanos”, subrayó la representación europea, que pidió acceso a asistencia médica y legal para todos los detenidos.
La presión diplomática internacional se suma así a las exigencias de la ONU, que insiste en que la impunidad y la falta de garantías judiciales perpetúan un patrón de represión que se mantiene activo en 2025.
