Fijar posición ante el resquebrajamiento de la ya frágil institucionalidad democrática, acordó el Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, a través de un comunicado entregado este jueves a los medios de comunicación, suscrito por Francisco José Virtuoso.
Tras seis considerandos, donde señala el deber que corresponde a las Universidades en la orientación de la vida del país mediante nuestra contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales y que es responsabilidad del Estado la salvaguarda de los derechos fundamentales previstos en la Constitución así como el derecho de toda persona al respeto por parte del Estado a su dignidad, integridad física, psíquica y moral, así como a la libertad personal.
Acuerdos
Primero: exigirle a los órganos integrantes del Sistema de Administración de Justicia, así como a los órganos de seguridad del Estado, el cumplimiento de su deber de respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas;
Segundo: La investigación a fondo e imparcial de los asesinatos de estudiantes vinculados a las protestas contra el gobierno, hechos que ameritan su esclarecimiento por los organismos del Estado;
Tercero: Exigirle al Gobierno venezolano el respeto a la labor de funcionarios públicos electos por votación popular, y rechazar la utilización del Poder Judicial para la persecución de dirigentes políticos opositores a dicho gobierno;
Cuarto: exigirle a los órganos integrantes del Sistema de Administración de Justicia, así como a los cuerpos de seguridad del Estado, el deber de respetar el derecho al libre ejercicio de la profesión y cualquier actividad económica, conforme a las limitaciones que establezca la ley.
Quinto: denunciar los hechos de violación de recintos universitarios ocurridos en universidades autónomas del país en días recientes, así como las detenciones masivas de estudiantes universitarios en algunas regiones.
Sexto: Esta universidad, fiel a su compromiso por la paz, la convivencia y la democracia, se compromete a unir esfuerzos con otras muchas instituciones del país para promover los derechos constitucionales y defender la institucionalidad del Estado de Derecho.
