Con un alcance mucho mayor calificó Manuel Virgüez, director de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto, la ley que será presentada a los candidatos de la Asamblea Nacional.
“Empresarios, periodistas, sociedad civil y más han sido criminalizados por un uso excesivo o arbitrario de la justicia penal o cuerpos de seguridad del estado”, afirmó Virgüez.
Plantean que la ley sea aplicada de manera general, no solo a aquellas personas que han sido penadas por participar en actos de protestas pacíficas.
Como necesario se expone en el documento, afirmando que en los últimos dos años se encuentran más de 4.000 procesos judiciales abiertos referentes a disentir o expresar ideas contrarias a las manejadas por el Gobierno.
“No es una Ley de Amnistía tradicional, no es un perdón del Estado hacia los afectados, es una forma de resarcir el daño ocasionado a la persona afectada y que se levante el caso o sea liberado si se trata de aquellos que se encuentran privados de libertad”, señaló el director del movimiento.
Acorde a la realidad social que vive el país y con intenciones de buscar respuestas de paz se quiere llevar a cabo la implementación de esta ley, aclarando que la misma no busca la impunidad sino la justicia.
“Ya no se trata del adversario siendo tratado como tal, sino que se trata como enemigo”, afirmó Ramón Pérez Linárez, miembro de la asociación, quien además señaló que se debe acabar con la creencia de que no hay presos políticos sino políticos presos.
Linda Meléndez, esposa del privado de libertad por motivos políticos, Jimmy Torres, estuvo presente durante las declaraciones. El caso del ex miembro de la Fuerza Armada sirvió como referencia de aquellos penados que debieron aceptar ciertos cargos para evitar ser condenados a más años de privativa de libertad.
Situaciones como la planteada es ejemplo de lo que se busca evitar o corregir con la Ley de Amnistía, exponiendo que son múltiples los problemas que evitan que el proceso judicial funcione de manera debida.
Esta propuesta se plantea como una solución y un acuerdo de diálogo que permita constatar la buena fe de aquellos que manejan las leyes o el poder en el país.
