Contralor General actúa ilegalmente contra AN

P. S. | Daniel Arrieta |

Ya no sólo es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que actúan contra la Asamblea Nacional, sino también el Poder Ciudadano a través de la Contraloría General de la República, pero como los otros poderes mencionados, viola la Constitución y las leyes.

Así lo afirmó el abogado Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, quien acompañado por Néstor  David Solórzano Higuera, auditor interno de la Asamblea Nacional en calidad de interino; y Jesús María Casal, consultor jurídico del Poder Legislativo, acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia para  interponer un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra el acto administrativo contenido en la resolución número 01-00-000126 del 13 de febrero de 2017 y publicado en la Gaceta Oficial Nro. 31.095 de fecha 14 de febrero del presente año.

Esa resolución se expresa en los términos de intervenir la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional y designa una interventora.

Interpusimos este recurso de nulidad con suspensión de efectos, para restituir la legalidad, el imperio de la ley y la Constitución frente a los demás poderes del Estado, explicó.

Desde  ese punto de vista, nosotros hemos manifestado nuestra plena disposición a recibir a los funcionarios de la Contraloría General, previa reunión con la mesa directiva del cuerpo, para que conozcamos los fines de esa intervención y los elementos que han producido tal decisión por parte del contralor general de la República.

Entendemos que existe un artículo constitucional que habla de la interrelaciòn entre los poderes, el intercambio entre los mismos, que perfectamente ser habilitado para darle viabilidad a la actuación de la Contraloría.

Pero, si tenemos que resaltar que este es un acto sobrevenido, constitutido en abuso de poder y, en consecuencia, no puede ser aceptado por un poder como la Asamblea Nacional, legítimamente electa por el pueblo y en plena autonomía e independencia, como lo  determina la  Constitución.

Esperamos que el TSJ, a través de la Sala Político-administrativa, provea la razón al Poder Legislativo en vista de que no hay  absolutamente ningún elemento que esté al margen de la ley.

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