#Editorial ¡Aberrante!

“¿Qué pasa cuando la justicia deja de ser independiente y se hace política? ¿Qué ocurre cuando la justicia se pliega a los amos del poder en un país?” Esas inquietantes preguntas, con su intento de abordar las respuestas por parte del prologuista, resonaron en el Palacio de las Academias cuando, en noviembre de 2006, el destacado jurista venezolano Alfredo Morles Hernández, entonces presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presentara la edición castellana del libro Los Juristas del Horror, del penalista Ingo Müller, obra célebre, y aleccionadora, basada en la terrible experiencia nazi, y traducida del alemán por el profesor Carlos Armando Figueredo.

Lo que pasó allí, bajo la bota de Hitler, fue “inenarrable”, sostiene el autor del prólogo. Además de los desplazados, de los muertos por hambre y enfermedades, y de los seis o siete millones de hombres, mujeres y niños asesinados, había otro cuadro asimismo lacerante: “Miles de personas inocentes privadas de sus derechos más elementales. Centenares de miles de seres humanos condenados por jueces y fiscales que actuaban, aparentemente, bajo el imperio de la ley”.

A la llamada revolución bolivariana, pese a su intentona militar a cuestas, le gusta tildar a sus adversarios de golpistas, fascistas, nazistas. Sin embargo, de continuo su historial, su vocación totalitaria, el culto a la personalidad, su viciosa propensión al capitalismo de Estado, la irrupción del partido único, su concepción corporativista, la explotación de un nacionalismo exacerbado, y hasta las muestras del antisemitismo que tanto perturbó al Führer, plantean imágenes, episodios y verdades que, como una suerte de tenebroso búmeran, se les devuelven, hasta acusarlos y dejarlos en evidencia de sus propias atrocidades, de todos sus descaros.

Es, ni más, ni menos, cuanto ha ocurrido con el expediente de la jueza María Lourdes Afiuni. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, representante nada menos que del Poder Moral, y responsable del ejercicio de la acción penal, se fue hasta la ONU en Ginebra, Suiza, en un intento por contradecir los informes producidos todos estos años por organizaciones no gubernamentales sobre la sistemática violación de derechos humanos en el país, un abundoso y demoledor registro levantado con vistas a una justicia que algún día habrá de brillar, pues se trata de crímenes de lesa humanidad. No prescriben. Eso deben tenerlo muy presente los juristas del horror de nuevo cuño.

Pero Afiuni, procesada y reducida a prisión tras haberle otorgado al banquero Eligio Cedeño una medida cautelar ordenada por la ONU, como ella misma se ha encargado de recordar, no puede acudir personalmente a esa instancia, ni a ninguna otra en el mundo. Tiene prohibido salir del país. Tampoco puede declararles a los periodistas ni asistir a actos públicos. Esta “ciudadana”, como la nombró la fiscal en Ginebra, tiene vedado el derecho a hablar de su tragedia, y exigir justicia de viva voz.

A sabiendas de esa mordaza legal, que, por lo demás, aplican los tribunales a todos los que caen presos por protestar, la fiscal habló de un supuesto escrito, firmado por Afiuni, mediante el cual niega haber sido violada en la sede del INOF. “Se acusa al Estado de una infamia”, atajó la funcionaria. Tal sería la indignación y la devastadora impotencia de Afiuni, que luego de cinco años sin pisar el tribunal de la causa (¿de cuál causa?), acudió a esa suerte de patíbulo judicial para exponer, y revivir, al narrarlos, los indecibles vejámenes que asegura haber sufrido en el “Instituto Nacional de Orientación Femenina”, tras ser sentenciada en cadena de radio y televisión a la pena máxima de 30 años, o más, en el inapelable dictamen del amo del poder. El sadismo de colocarla en una celda junto a mujeres que ella había procesado. El ultraje de desnudarla frente a 30 soldados para practicarle una mamografía. Esa versión según la cual su celda la rociaban con gasolina. El militar que le destrozó un seno con su bota. “A mí me vaciaron el útero (…) se me destruyó la vagina, la vejiga y el ano”, testifica.

Se trata de una gravísima denuncia que pudiera ser verificada o descartada fácilmente, si se investigara con objetividad científica. ¿Por qué la garante de la legalidad lo niega todo a rajatabla, y asume el papel de abogada del Gobierno? Un estudiante, Juan Guerrero Carrasco, preso por manifestar en la calle su repudio al régimen, también tuvo el valor de denunciar haber sido abusado sexualmente, en la cárcel. Ahí está, además, la ominosa “Tumba” del Sebin. La sólida argumentación con la que expertos han rebatido las presuntas grabaciones a Leopoldo López y Daniel Ceballos, al igual que el uso de los inconsistentes testimonios de “patriotas cooperantes” para someter a la disidencia. Son hechos que hablan de un estado de cosas sin duda repudiable, ominoso, atroz. Es, en una palabra, algo aberrante. De manera que aquí mismo, en la Venezuela de esta desafortunada hora, puede encontrarse parte de la respuesta a las preguntas que se formulara el prologuista de la versión castellana del libro Los Juristas del Horror. Ya sabemos bien “qué pasa cuando la justicia deja de ser independiente y se hace política”.

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