Con fundadas razones, hace muchos años señaló el economista norteamericano Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, que la mayoría de las predicciones económicas no podían ser siempre totalmente acertadas. Si a esto le agregamos que se trata de una economía como la nuestra, la tarea de realizar estimaciones macroeconómicas se torna harto difícil por varias razones.
La primera resulta ser que quienes toman las decisiones de política económica en nuestro país lo hacen sin conocimiento de causa, pues es del entendimiento público y notorio que casi ninguno de ellos es economista ni ha estudiado una carrera afín.
En segundo lugar, tenemos que una de las grandes dificultades que enfrentamos a la hora de analizar las políticas públicas y posibles estrategias para superar el colapso económico que vivimos es la ausencia casi total de información oficial sobre las estadísticas económicas del país ¿Cómo se puede planificar la economía de un país en un escenario de oscurantismo económico? Ni el Banco Central de Venezuela ni el Ministerio de Economía y Finanzas y ni siquiera el Instituto Nacional de Estadísticas han ofrecido información básica sobre el comportamiento de la economía venezolana.
Y en tercer lugar, producto del modelo ideológico implantado por el Gobierno nacional, las decisiones de política económica están abiertamente reñidas con la lógica y la racionalidad económica. Estos tres factores dificultan sobremanera la difícil tarea de estimar el futuro de nuestra economía y nos obliga a los analistas a acudir a otras fuentes de información extraoficiales y cálculos propios, con un sesgo implícito que nos dificulta realizar proyecciones sobre nuestra economía.
Al intentar estimar la situación de la economía en su conjunto, no debemos ignorar la influencia del pasado reciente, pues su estado actual y futuro dependerá precisamente del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos recientes e incluso de años previos. Estudiando las tendencias anteriores se podría inferir lo que podría suceder en el futuro próximo, de continuar las mismas tendencias o de seguir tomando las mismas decisiones.
Pues bien, pudiéramos señalar que, con base en estimaciones extraoficiales de analistas económicos nacionales y organismos económicos internacionales, el año 2016 ha sido probablemente el más aciago en materia económica del que se tenga memoria. Basta señalar los resultados de algunos indicadores macroeconómicos para confirmar esta lamentable y dolorosa afirmación. El Producto Interno Bruto, el más importante de todos ellos, disminuyó según algunos economistas (Ronald Balza, José Guerra, Asdrúbal Oliveros, José Manuel Puente, Henkel García, Francisco Rodríguez, entre otros) en más de 10% y en los últimos tres años la producción nacional o el tamaño de nuestra economía ha disminuido en una cuarta parte, vale decir un 25% aproximadamente, lo que convierte a nuestro país en el único del mundo en exhibir este lamentable comportamiento, sin que se encuentre en guerra. Las severas restricciones existentes en la oferta de bienes y servicios producidos, entre otros factores, por el acoso permanente del Gobierno a la empresa privada, la ausencia de inversiones nacionales y extranjeras que atenta contra la eficiencia y la productividad de acceder a las divisas para importar los insumos requeridos por las empresas, los desproporcionados controles de precio que prácticamente obligan a muchos empresarios y comerciantes a trabajar a pérdida, los aumentos compulsivos e inflacionarios de salarios, la eliminación progresiva del aparato productivo sustituye al mercado por el Estado, como decía Lenin, la elevada expropiación de empresas y tierras productivas, la alta ineficiencia con que se gerencia las empresas públicas, la gran mayoría operando a pérdidas y el altísimo precio de las escasas divisas existentes, entre otros muchos factores que sería prolijo enumerar, han contribuido a generar esta disminución de la producción nacional que se manifiesta en una situación generalizada de elevados precios traducidos en la inflación más alta del mundo, escasez y desabastecimiento en alimentos y medicinas, produciéndose una abrupta disminución en el poder adquisitivo y por ende en la calidad de vida de la población. Si a esto le sumamos que la tasa de inflación en el 2016, según estimaciones de los mismos economistas citados antes y cálculos del Fondo Monetario Internacional, fue superior al 500% la más alta en la historia, podríamos tener una somera idea de que la situación económica, según José Manuel Puente, pasó de crisis a colapso económico.
Después de un año devastador para nuestra economía y de continuar, como parece pues no ha habido nuevos anuncios de política económica, las mismas decisiones en esta materia, las perspectivas para 2017 lamentablemente no serán muy alentadoras o muy distintas al año que apenas concluye. El economista Víctor Alvarez señaló lo siguiente: Me preocupa la mentalidad rentista del Gobierno que cree que con aumentar los precios del petróleo todo se resolverá. (La Razón, 15 de enero 2017, pág. 8). Pero a pesar de que los mismos se mantuvieron desde 2012 al 2014 con un promedio de 96 dólares anuales, el Gobierno no ahorró como debía haberlo hecho para enfrentar los años de escasez de ingresos petroleros. El acuerdo entre los países productores de crudo pesado para recuperar los precios probablemente se traduzca para nuestro país en que el barril se cotice este año a un promedio de 45 dólares, lo cual generaría unos ingresos no mayores de 6.000 millones de dólares, cantidad esta totalmente insuficiente para hacerle frente a los compromisos de pago, tanto nacionales como internacionales, que tiene el país. Así que no será por esta vía que se vaya a recuperar la economía, a menos que los precios del petróleo recuperasen los niveles anteriores, lo cual, según expertos petroleros, no parece posible al menos este año. Y esto sin mencionar que por razones de ineficiencia operativa PDVSA ha disminuido lamentablemente sus niveles de producción.
En el año 2016, el Gobierno nacional incurrió en un déficit fiscal de, según cifras extraoficiales, un 15 a 20% del Producto Interno Bruto, toda vez que la magnitud del gasto público fue superior a los ingresos provenientes del petróleo y de la recaudación de impuestos. Este año que comienza la gestión fiscal del Estado será igualmente deficitaria, máxime cuando el Banco Central de Venezuela continuará financiando el déficit fiscal con la perversa emisión de dinero inorgánico, lo cual le inyectará mayor liquidez a la economía y al existir menos bienes y servicios, catapultará la inflación a niveles cercanos al 2.000%, según cálculos de numerosos economistas ya citados y organismos internacionales como el Fondo Monetario. Solo para darles un ejemplo, permítanme decirles que el economista Francisco Rodríguez ha calculado que el último ajuste salarial sumará Bs. 2.5 billones al presupuesto nacional (El Nacional. 10 de enero 2017, pág. 1-4).
En conclusión, el Gobierno nacional debe corregir las enormes distorsiones macroeconómicas existentes en el área monetaria, fiscal cambiaria, productiva y de precios. Es urgente racionalizar el abultado presupuesto público de este año, eliminar los gastos superfluos de ministerios, gobernaciones y alcaldías. Debe presentar un plan anticrisis o un programa de ajustes económicos que pretendan superar la debacle económica que hemos estado viviendo. Pero lo más importante, sin lo cual lo antes dicho no tiene sentido, es cambiar el modelo ideológico que es el responsable de la crisis que afecta y afectará a la población venezolana mientras dure en vigencia
