Con anuencia de ocho concejales oficialistas del Concejo Municipal de Iribarren contra la desaprobación de cuatro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se aprobó en la sesión de ayer jueves, la solicitud de destitución del alcalde Alfredo Ramos por violación de la Constitución, de las ordenanzas municipales y de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, donde se establece el resguardo al medio ambiente, el libre tránsito, y también por “asaltar” la Cámara Municipal sin la autorización de la junta directiva y desde allí “llamar a la rebelión”, especificó el concejal Jesús Superlano.
Notificado sobre la decisión, Ramos la declaró nula, pues en la práctica no procede: “Yo sigo siendo el alcalde, ejerzo mis funciones y mis competencias porque eso no está contemplado en la ley y es un delito”. Recordó en las declaraciones dadas a este periódico que fue electo mediante sufragio de los barquisimetanos, por lo tanto, “el único que tiene la potestad en el ejercicio de la autoridad municipal es el pueblo por la vía del voto”.
Antes, con la medida de amparo y la demanda en su contra introducidas el viernes y lunes pasado, en las cuales lo acusan de financiar las protestas, calificándolo de terrorista; además de instarlo a ordenar a la policía municipal a reprimir las manifestaciones y garantizar el libre tránsito de la ciudad son recursos, dijo Ramos, que buscan el desacato para destituirlo y arrestarlo, como sucedió en 2014 con otros alcaldes opositores.
Tales acciones, afirmó el alcalde, no congelan la lucha y el compromiso con la colectividad: “Esto no nos va a amilanar ni nos van a amedrentar. Nosotros vamos a seguir en la calle. La razón y la verdad están de nuestro lado. Aquí se ejecutó un golpe de Estado y lo que se hizo hoy (ayer) fue la continuidad del golpe de Estado, porque aquí no hay estado de derecho. Es un deber de mi parte, no solo como autoridad sino como ciudadano, asumir toda responsabilidad con el pueblo del rescate de la democracia, la vigencia de la Constitución y el derecho al voto”.
Por lo pronto, Ramos convocó a una concentración hoy viernes, desde las 08.00 de la mañana, frente al Palacio Municipal, y entregará ante la Fiscalía la solicitud de una acción penal contra los ocho concejales por violación del artículo 143 del Código Procesal Penal, ordinal uno, según el cual: “Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años: 1. Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando”. Incurren en la tercera parte de la pena los que se cometen contra los alcaldes de los municipios.
