Editorial: Ley Habilitante

Definitivamente, el Gobierno en el grueso de sus actuaciones parte de la idea de que los venezolanos son un tropel de gafos, condenados a creerle todos sus delirios y a tragarse cada una de sus garrafales torpezas.

El presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, atado a la vana pretensión de seguir los pasos de su mentor, Hugo Chávez, por lo cual duda en asumir un perfil propio y tarda en encarar los asuntos del Estado conforme a las nuevas realidades que se explayan ante sus ojos, reedita la tesis de los poderes especiales, en su caso para atacar la corrupción.
Y, de una vez, estropea la credibilidad que necesita un gobernante decidido a dar semejante batalla ética. El hecho mismo de que coloque el tema de la corrupción por encima de otros que han copado la tensión y los temores de la ciudadanía, como la inseguridad, las deficiencias de los servicios públicos esenciales y los espeluznantes niveles de inflación, es, ya, un indicativo cierto de la gravedad que ha adquirido el asunto.
Es bueno que el Gobierno lo admita. Pero la corrupción no puede ser combatida en forma sospechosa, retorcida. Así como no es prudente que un médico intervenga quirúrgicamente a un paciente con las manos sucias e instrumentos no esterilizados, y en un ambiente infecto, es una necedad apostar a que instituciones atadas ideológicamente a los intereses del poder, embadurnadas en sus conciertos y arreglos, van a castigar a quienes roban los dineros públicos. Lo peor es que no hablamos de escándalos hipotéticos. Hay claras evidencias de que la nación está siendo literalmente saqueada, a manos llenas, en medio del más pasmoso cuadro de impunidad jamás conocido, desde los tiempos de la Independencia.
¿Algún juez o fiscal de este país se atrevería a investigar siquiera, o, peor aún, a abrirle un expediente o a imputar a un funcionario público que no haya caído en desgracia, o a un gobernador o alcalde que no ha saltado la talanquera? Después del drama vivido por la jueza María Lourdes Afiuni, ¿en algún tribunal habrá quien se atreva a ensayar decisiones apegadas estrictamente a la ley, con solvencia e idoneidad profesional?
Además, ¿por qué no hicieron falta poderes especiales, por ejemplo, para levantarle la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo, ni para linchar moralmente y sacar del juego a Oscar López, funcionario clave de la gobernación de Miranda? Al primero lo acusaron y condenaron a una misma vez, de recibir fondos para su actividad política. Al segundo le airearon su supuesta tendencia sexual, de la manera infamante, discriminatoria e hipócrita, a que están acostumbrados a hacerlo.
¿Se trata de máculas, o delitos, de los cuales está exento todo revolucionario? Es obvio que no. La intención es, por un lado, adormecernos con trapos rojos, y, por el otro, debilitar a las fuerzas democráticas, para minarlas y, a fuerza de chantajes, apoderarse del diputado que le hace falta al oficialismo a fin de completar el número mágico, los 99, que conformarían las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, necesarias, precisamente, para aprobar la Ley Habilitante Si esta Ley se alcanza por esta vía, tan poco ética, por decir lo menos, ¿reuniría la fuerza que se requiere para quebrar lanzas contra ese monstruo de mil cabezas que es la corrupción?
¿Qué puede esperarse de una cruzada que se acomete bajo el supuesto de que sólo hay corruptos en los predios de la oposición, y, en consecuencia, todo revolucionario es irreprochable, impoluto, y, para mayores prendas, sexualmente bien plantado? Maduro pidió esos poderes junto a Diosdado Cabello, quien en su condición de presidente de la AN, aseguró: “Cuente con los votos, vamos con todo”. Y, ¿la investigación pendiente sobre la gestión del propio Cabello en la gobernación de Miranda? Es más, ¿se dirá algo que explique la intempestiva salida de Edmée Betancourt de la presidencia del BCV, con apenas tres meses en el cargo? ¿Tiene que ver con el escándalo de los préstamos chinos y de la olla podrida en el Bandes? ¿Por qué le echan tierra, ahora mismo, al desfalco de Ferrominera del Orinoco? ¿Por cuál lado de sus indecencias pretenden pasarse la denuncia de los 20.000 millones de dólares evaporados del Sitme?
No, el Gobierno no debe tener más poder del que ya tiene. Todo lo contrario. Debe estar sometido a más controles. Lo que procede es que haya un Poder Judicial no rabiatado al oficialismo, con jueces probos y autónomos. Hace falta un fiscal libre de camaraderías políticas. Una Contraloría fuerte, insomne, escrupulosa. Un parlamento digno, que sea eco de resonancia de las angustias del país.
Necesitamos, en fin, que el Gobierno sea respetuoso y tenga contrapesos. Aquí lo que se impone es una ciudadanía diligente, una opinión pública más despierta y decisiva. Y que el poder sea menos poderoso.

PUBLICIDAD

Comentarios

Comentarios