Este es un gobierno que se ha caracterizado por decir unas cosas y hacer otras, sostiene el Dr. León Arismendi, abogado laboral y profesor universitario en Caracas.
En el caso de los trabajadores, la contratación colectiva es un derecho humano fundamental, reconocido en convenios internacionales y asimismo está contemplada en la Constitución venezolana vigente, así como lo reconoció la del 61. Tiene, por tanto que ser asumida como una obligación del Estado.
En este sentido, añade que la negociación colectiva es el instrumento privilegiado para mejorar las condiciones de trabajo, mediante las organizaciones sindicales; pero, lamentablemente, eso es lo que el Estado venezolano no hace.
No promueve la contratación colectiva, porque más bien ha creado una legislación intervencionista que limita las posibilidades de que las organizaciones sindicales negocien libremente las condiciones de trabajo.
Si por un lado han venido siendo difíciles las negociaciones con el sector privado, ha sido peor en el sector público porque la contratación existente no se cumple y la posibilidad de renovar los contratos es una calamidad por la reiterada negativa del empleador.
Siempre éste tiene una excusa, expresó. La más reciente es un invento reglamentario que denominó la mora electoral, con la cual señala que si las organizaciones sindicales tienen sus períodos vencidos, el gobierno no negocia con ellas.
Hacer elecciones sindicales en el país se volvió un asunto muy complejo, porque se les impuso a las organizaciones sindicales la obligación de que en vez de realizar sus elecciones, tienen que hacerlas con la intervención del Consejo Nacional Electoral y éste a su vez pide cualquier cantidad de requisitos, uno de los cuales es la lista de trabajadores afiliados.
Pero, cuando se le solicita esa lista a los ministerios, éstos no los envían, haciéndose un círculo vicioso que impide efectuar el proceso electoral y, consecuencialmente, tampoco existe la posibilidad de discutir la contratación colectiva.
Este es parte del tejido en el cual lo que está detrás es una idea autoritaria, contraria a la libertad sindical, al derecho de los trabajadores a pedir la actualización de sus condiciones de trabajo y, por supuesto, a lograr sus justas reivindicaciones.
Termina el Dr. Arismendi formulando una pregunta: ¿Cómo es que un Estado que no negocia con sus propios trabajadores pide a los particulares que lo haga?
