Este lunes 30 de abril fue publicada en Gaceta Oficialla Ley ContraEstafa Inmobiliaria, la cual regulará la preventa, venta, construcción, permisos y protocolización de viviendas en el país.
El presidente dela Cámarade Bienes Raíces, Benito Barcarola, consideró positivo que el sector inmobiliario sea regulado por cuanto no existía un instrumento legal que normara estas actividades. “Es sin duda un avance positivo para el desarrollo del sector. Sin embargo, el nombre de la ley nos califica inmediatamente de estafadores”.
Aunque Barcarola admitió que la regulación es necesaria, agregó que algunos puntos sensibles se manejaron de forma equivocada.
En detalle, la ley obliga al promotor inmobiliario a la contratación de fianzas para la ejecución completa de una obra o proyecto. “La cancelación de estas fianzas hace extremadamente oneroso que arranque una obra. Estamos hablando de que una obra de mediana envergadura, sólo en fianza gasta más de un millón y medio de bolívares fuertes”.
Explicó Barcarola que en este punto, debieron aplicarse algunos correctivos para evitar el fuerte impacto sobre las estructura de costos de los constructores y promotores inmobiliarios. “El constructor va a reflejar esos costos en el precio de las viviendas. La carga económica la puede asumir inicialmente, pero al final tendrá que trasladarlo al costo de la obra”.
El encarecimiento de las viviendas será inevitable, situación que en nada contribuye a disminuir el déficit habitacional el cual asciende a tres millones de viviendas.
En este sentido, el dirigente gremial consideró necesario se realice una evaluación de estas medidas y su impacto indirecto a los usuarios.
Mercado extinguido
El mercado de alquileres en Venezuela inevitablemente se desplomó. Benito Barcarola señaló que la oferta de inmuebles en arrendamiento se encuentra en su mínima expresión. “El mercado de alquileres se extinguió”. La inseguridad jurídica y el aumento de las invasiones, fueron algunos de los factores que determinaron la caída.
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