El vicepresidente de Copei, Enrique Naime, acudió este jueves a la Fiscalía General de la República para denunciar formalmente a las rectoras del Consejo Nacional Electoral Sandra Oblitas y Tania D´Amelio, así como al director del Registro Electoral, César Alvarado, por las migraciones ilegales de candidatos oficialistas a las elecciones regionales.
“Adulterar el registro electoral permanente, es un delito muy grave que debe ser penado, lo más delicado es que la rectora Socorro Hernández lo reconoció públicamente”, afirmó el dirigente de la tolda verde a su salida del Ministerio Público.
De acuerdo con la acción judicial, la decisión tomada por el máximo ente comicial no sólo viola la Constitución y los derechos de los electores al beneficiar abiertamente a una tendencia política, sino que incurre en delitos penales sancionados en la Ley contra la Corrupción.
Este último instrumento, en su artículo 68, estipula que “el funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de uno a tres años”.
Pero más escandalosa es la violación que hizo el CNE a su propio reglamento de la Ley de Procesos Electorales, cuyo artículo 32 establece que una vez aprobado el registro electoral definitivo no podrán ser modificado. “Esto incurre en un delito electoral”, recalcó Naime.
Por ello el dirigente opositor afirmó que el Ministerio Público no sólo debe sancionar los delitos cometidos individualmente, sino que debe actuar para garantizar no se siga vulnerando los derechos de los electores y de los ciudadanos.
“Estamos pidiendo que la fiscalía establezca una protección del Registro Electoral, porque la rectora pone en duda el registro”, dijo.
En este sentido, concretamente exigió que se designe a fiscal para que resguarde el apego a la legalidad de cada uno de los pasos del proceso electoral que quedan por cumplirse, “desde la elaboración del tarjetón electoral, el embalaje del material electoral, las auditorías y en el trabajo del Plan República, por el desequilibrio y parcialidad que tienen funcionarios del CNE en la organización del evento electoral del próximo 16 de diciembre”.
Así mismo, “la presidenta del ente comicial Tibisay Lucena debe actuar en forma diligente y brindar la protección necesaria porque el REP es un documento público y no debe ser adulterado”, agregó Naime.
La denuncia penal se circunscribe dentro de la acción judicial que ya intentaron representantes de la tolda verde ante el Tribunal Supremo de Justicia, como reacción a la posición que asumió el CNE la semana pasada, cuando permitió el cambio de centro de votación a seis aspirantes a gobernadores postulados por el PSUV (y sus allegados), para que pudieran votar en los estados que pretenden gobernar.
