El factor político ha sido determinante para que Venezuela se ubique entre los países con menor transparencia presupuestaria del mundo, indicó este miércoles la directora de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.
“El factor político y la estructura de ingresos del país han influido rotundamente en esta calificación”, señaló. Enfatizó la diferencia que existe entre los Estados donde existe una fuerte separación de poderes y contrapesos democráticos que permitan corregir una mala ejecución macroeconómica y aquellos en donde impera una autocracia.
En los primeros casos “se sanciona el incumplimiento de las metas y objetivos. Hay voluntad política y separación de poderes porque el Legislativo es suficientemente fuerte para enfrentarse al Ejecutivo, en tanto las contralorías son suficientemente fuerte y porque hay justicia”, expresó De Freitas.
En el caso de Venezuela, destaca la pérdida del poder de la AN como ente contralor de las políticas que planifica el Ejecutivo, así como el silencio del Poder Judicial, como generador de impunidad.
Aplazados en el examen
La conclusión guarda relación con el análisis hecho por la organización no gubernamental sobre las razones que explican la ubicación de Venezuela en el puesto número 65 del rankin Indice de Presupuesto Abierto, elaborado por la International Budget Partnership (IBP), que evaluó a 100 países. Con base en los criterios de 125 indicadores, Venezuela obtuvo 37 puntos sobre una escala del 1 al 100, donde el 100 es la máxima transparencia.
Desde el punto de vista técnico en la consideración de esta ubicación, “hay ocho documentos básicos sobre ejecución presupuestaria que se utilizan como referencia en la evaluación de transparencia, de los cuales Venezuela solamente produce cuatro pero además con una calidad muy mala”, explicó Freites.
Estos informes universalmente estandarizados llamados “clave” son el Documento Preliminar (DP), que representa un preámbulo para recibir la propuesta parlamentaria, y en Venezuela se prepara pero apenas para uso interno no difundible; la Propuesta del Presupuesto del Ejecutivo (PPE), que constituye el proyecto de instrumento legal y aquí sí es publicado, y luego el Presupuesto Aprobado (PA), que también alcanza transcendencia pública.
Pero la ong advirtió sobre otros tres documentos que en Venezuela no sólo no son difundidos sino que ni siquiera son elaborados: El Presupuesto Ciudadano (PC), que sería una “presentación no técnica que permita al público general comprender y gastar fondos públicos”, los Informes Entregados Durante el Año (IEDA), definidos como mediaciones periódicas de las tendencias en los ingresos, gastos y endeudamientos reales y, finalmente, la Revisión de Mitad de Año (RMA).
María Alessandra Matute
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