Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática solicitaron prohibición de salida del país al ingeniero Jorge González, presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (Enmohca), a quien señalan de estar presuntamente involucrado en la apertura de un pozo de agua potable para alimentar de agua a una finca propiedad de familiares de la alcaldesa Amalia Sáez, lo cual consideran es un delito de peculado.
Asimismo, solicitaron que la medida fuese extendida para Alí Sáez, propietario de la finca, y Jesús Sanquis Sáez, director de Control de Gestión de la mencionada empresa, ambos familiares de la mandataria del municipio Iribarren.
Peculado de uso, tráfico de influencias y presunto enriquecimiento ilícito, constituyen los delitos denunciados por la alianza opositora. Se espera que las autoridades acudan a la propiedad privada para realizar las experticias de rigor.
Además de la apertura de una investigación formal contra los involucrados, también se pide al Ministerio Público solicitar la declaración jurada de sus bienes, ante la existencia de cuantiosas inversiones de cuya capitalización también desconfían.
“En Carora todos saben quiénes son los miembros de la familia Sáez, que no son potentados ni tienen grandes recursos, pero ahora entonces tienen grandes inversiones”, dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, miembro del equipo legal de la MUD.
El parlamentario también denunció la comisión de abusos en la zona donde se localiza la propiedad, la cual habría afectado a la comunidad. Se espera que los funcionarios directamente involucrados en el traslado de la maquinaria hacia Carora sean llamados a declarar, entre estos mencionan a los ingenieros Elí González y Emilio Lucas, director de Construcción y encargado de traslado de maquinaria de la empresa pública.
Las sospechosas negociaciones irregulares involucrarían a organismos como Pdval y la Corporación Venezolana Agraria Leguminosas (CVAL), entre otros.
“De la noche a la mañana han venido surgiendo grandes potentados en este país y por supuesto que estas situaciones deben ser debidamente aclaradas”, comentó Palacios.
“PSUV y Amalia deben aclarar”
Los denunciantes también llamaron a la alcaldesa Sáez y a la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela en Lara a manifestar a la opinión pública si están dispuestos a colaborar con las investigaciones, o apoyan los hechos de corrupción antes mencionados.
“Hay funcionarios adscritos al PSUV que están involucrados en este hecho, además de familiares directos de la alcaldesa, por lo cual ambos están obligados a responder sobre estos hechos”.
