Gremios periodísticos denunciaron el martes un aumento de las amenazas y presiones contra reporteros cuyo más reciente capítulo fue la revelación de un alto funcionario sobre un plan para asesinar a un reconocido periodista y a dos investigadores.
Desde el 1 de mayo hasta la víspera se han registrado un atentado a tiros contra un periodista, la amenaza en un panfleto a un grupo de ocho reporteros del norte del país y la denuncia de un plan para matar al reportero Gonzalo Guillén y a los investigadores del grupo no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia y Ariel Avila, dedicados al análisis del conflicto armado interno colombiano.
Aunque las autoridades no han dicho aún si entre esos casos hay algún vínculo directo, voceros de gremios como la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Colombiana de Periodistas, así como Valencia, destacaron que la nueva oleada de amenazas sería una reacción a las denuncias sobre mafias políticas regionales y a las reacciones a la negociación de paz que lleva el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«La hipótesis principal es esa: las investigaciones que hicimos desde el 2011 sobre esas mafias políticas… y la Fiscalía viene desarrollando muchas investigaciones» a partir de los datos recabados en todo el país por Arco Iris, pero especialmente en departamentos norteños como La Guajira, Magdalena y Cesar, dijo Valencia en diálogo telefónico con The Associated Press.
La base para reportajes de la prensa local sobre el mismo tema «somos Ariel, yo, y se metió Gonzalo Guillén… la hipótesis es que viene de allí», añadió Valencia, que además es columnista de la revista Semana, la principal del país.
Dijo que de momento no piensan abandonar el país y que cuentan con protección de escoltas y carro blindado por parte de la Unidad Nacional de Protección, que el lunes denunció un plan para asesinar a Valencia, Avila y Guillén, cuyos trabajos de investigación sobre paramilitarismo y muerte de jefes rebeldes, entre otros, han sido publicados por El Nuevo Herald, del que fue corresponsal desde Bogotá por 11 años y para el que actualmente trabaja como colaborador.
Esa protección en vigencia desde hace meses fue reforzada, dijo Valencia.
Guillén explicó que trabaja en un documental de televisión sobre esas mafias políticas vinculadas al narco, entre otros grupos delictivos, en la zona de esos tres departamentos del norte del país, principalmente de La Guajira. Agregó en diálogo telefónico que el lunes estuvo reunido con funcionarios de la policía para tratar el caso del plan en su contra y que cuenta con protección.
El presidente Santos indicó en la jornada que su gobierno tiene una política conocida de defensa de la libertad de prensa y que en el caso de las amenazas y atentados está dispuesto a llegar al fondo para determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.
«Hemos visto cómo periodistas han sido amenazados… también en eso estamos dispuestos a llegar al fondo, ¿quién fue?, ¿por qué lo atacaron?, ¿qué móviles pudo haber tenido la persona, quiénes son las personas, no solamente materiales sino intelectuales?», añadió Santos al intervenir en un foro sobre libertad de prensa organizado por la Fiscalía General.
«Cualquier amenaza a cualquier periodista el gobierno está más que dispuesto… a protegerlos», destacó el mandatario.
Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, dijo en diálogo telefónico con la AP que la información del plan provenía de una fuente confiable que ya en el pasado les había suministrado datos.
Sobre ese plan contra los tres se tienen detalles como el nombre y el alias del sicario y que tales datos fueron ya entregados a la policía, dijo Villamizar.
«Es la primera vez en mucho tiempo que tenemos información tan puntual y tan concreta…el sitio, el lugar donde se iba a realizar (el ataque), las víctimas puntuales y de una fuente que nos merece mucha credibilidad; entonces por eso hemos tomado las medidas correspondientes fortaleciendo el esquema» de protección a los tres, dijo Villamizar, cuya oficina ofrece protección en total a 7.100 personas, entre ellas 90 periodistas.
El funcionario declinó dar detalles del caso argumentando que era información sensible y en manos de las autoridades policiales para la investigación. « Alerta . La UNPColombia ha recibido una información muy precisa y delicada sobre un plan para asesinar a tres de nuestros protegidos», dijo Villamizar el lunes en la red social Twitter. «Se trata de León Valencia, Gonzalo Guillén y Ariel Ávila. Los tres cuentan con fuertes medidas de protección que han sido reforzadas», agregó.
La revelación sobre el plan de asesinato «prende las alarmas una vez más sobre la difícil situación que está viviendo la prensa en el país», dijo telefónicamente Andrés Morales, de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Morales sostuvo que Guillén trabaja actualmente en una serie de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el departamento de La Guajira «y no se descarta (que las amenazas) estén relacionadas con esas investigaciones».
La Fundación también se refirió al asesinato el 10 de mayo del periodista Alberto Lázaro del Valle, de 45 años, muerto a tiros en Cali, a unos 300 kilómetros al suroeste de Bogotá, al asegurar que de momento carecían de datos que indicaran que se trató de un crimen en razón de la labor de reportero.
En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno el rápido esclarecimiento del caso. El general Fabio Castañeda, comandante de la policía metropolitana de Cali, dijo telefónicamente que «las hipótesis van a un problema personal o comercial» del locutor, muerto a manos de al menos un pistolero que lo esperaba a la salida de su oficina y escapó en un taxi tras hacerle al menos cuatro disparos.
Del Valle no había reportado amenazas, según la policía y la Fundación.
El 1 de mayo el jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, salió ileso de un ataque a tiros cuando se desplazaba en su automóvil por una vía cerca de Bogotá.
Semana publicó este mes un reportaje de primera página sobre las denuncias contra de Juan Francisco Gómez, gobernador del departamento de La Guajira, por presuntos vínculos con bandas criminales y homicidios, contrabando de gasolina y narcotráfico, acusaciones que el gobernador niega.
La semana pasada ocho periodistas de la ciudad de Valledupar, a 655 kilómetros al norte de la capital colombiana, fueron amenazados a través de un panfleto del «Ejército Anti Restitución» que se opone a la devolución de lotes a personas despojadas por grupos armados ilegales en las últimas décadas, un tema clave en las negociaciones de paz que se desarrollan entre el gobierno y las FARC en La Habana.
Valencia dijo que esas negociaciones de paz tocan intereses de mafias políticas, acostumbradas a corruptelas con fondos públicos, despojos de tierras, entre otros y de allí que no descarte que las amenazas tengan en el fondo ese origen.
Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, dijo vía telefónica que las investigaciones que han revelado los periodistas sobre presuntas mafias locales en el norte de Colombia llevarían a pensar que las amenazas son derivadas de esos trabajos.
«Reprochamos toda forma de querer silenciar a la prensa e instamos a las autoridades a avanzar en las investigaciones de los temas que los periodistas han venido revelando y que al parecer comprometen a políticos», sostuvo Hurtado.
Foto: AP
