Para reclamar a esa institución que revierta la medida de congelamiento de las cuentas bancarias del editor Leocenis García, lo que causó el cierre técnico de la empresa que dirige, empleados del grupo Sexto Poder protestaron frente a la sede de la Fiscalía General de la República.
Nicolás Chagal, periodista del semanario Sexto Poder, explicó que la actuación judicial, solicitada por el Ministerio Público, perjudica a más de 60 empleados directos que ahora quedaron sin el sustento económico.
«Junto a mí no sólo estan los periodistas, sino todos los empleados que dependen de esta empresa, bedeles, personal de limpieza, directivos, secretarias, personal administrativo, etc, todos sustento de un hogar que se han visto afectados por la medida al quedarse sin empleo», manifestó.
Calificaron la medida, emitida este martes por el Tribunal 30° de Control de Caracas, como un acto arbitrario, que viola sus derechos laborales y de los trabajadores indirectos. Por esta razón, «exigimos que sean revertidas las medidas».
Dado el corte de su fuente de fondos, García no puede cancelar la nómina de este mes, ni la impresión de los productos periodísticos.
Cabe recordar, la orden que paraliza las cuentas personales de García, y corporativas del Grupo Sexto Poder, obedece a una investigación asignada a la fiscal 2º Nacional con competencia Plena, Narda Sanabria, tras una denuncia presentada por el diputado oficialista a la Asamblea Nacional, Julio Chávez.
El dirigente del PSUV acusó al empresario de ingresar divisas al país sin declararlas al fisco, supuestamente provenientes de una cuenta en un banco suizo, cuyos fondos «no sabemos de donde salieron», aseguró Chávez el pasado 17 de julio. Agregó que en su opinión, con este dinero se estaba financiando al «grupo terrorista» del movimiento estudiantil, aunque admitió no manejar pruebas de ello.
Sin derecho a la defensa
El abogado del periodista perseguido, Pedro Aranguren, explicó que a pesar de todas estas actuaciones, que han trascendido hasta el punto de provocar el cierre de un medio de comunicación social, García no ha recibido ni una sola notificación, citación o algún documento oficial por parte del Ministerio Público o de un despacho judicial.
«Estas medidas contra el grupo han sido tomadas de espaldas al debido proceso, violando el derecho a la defensa, y no sabemos cuáles son los elementos que tiene la fiscalía para ordenar esta medida. Lo que sí sabemos es que es una violación al estado de Derecho y de Justicia, porque no es posible que se tomen medidas tan drásticas como el cierre de un periódico sin ninguna citación», afirmó.
Finalmente, el jurista indicó que apelarán la decisión a través de los medios jurisdiccionales correspondientes.
