Diálogo complicado

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Aunque el gobierno ha dado algunos pasos para el diálogo con el sector empresarial estableciendo mesas en las que se sientan algunos empresario y representantes oficialista, con el sector gremial al convocar el Ministro de Educación Superior a los profesores, estudiantes y autoridades de las Universidades Autónomas a dialogar para la discusión y posible solución a la crisis universitaria, y con la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica solicitando su mediación para enfrentar el problema del desarme, se ha negado a establecer un diálogo con Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que representa el 50% o más del electorado nacional.
Estos hechos revelan lo complicado y difícil creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del  cuestionado Presidente, que busca su legitimación en el mundo económico y social, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá avanzar.
Como sucede en Colombia, en política el diálogo se establece entre factores de poder, que generalmente  tienen profundas diferencias ideológicas y en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso el  diálogo se adelanta en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, previo acuerdo de que el mismo tiene como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país.
En nuestro país, afortunadamente no estamos en guerra, pero existen peligrosas manifestaciones  de violencia en los barrios populares entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa común que también amenaza a la clase media y a toda la población. Sin embargo existe un estado de permanente violación de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en nuestra opinión requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.
La  violación de la Carta Magna ha sido una práctica frecuente, antes y después  de la decisión del Presidente de la República extinto, de designar al Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, como su sucesor en caso de que fuese declarado Inhabilitado, cuando el artículo 233 de la Constitución Nacional establece que debe encargarse el Presidente de la Asamblea. Por eso Maduro no dialoga con el factor político, no cumple con la Constitución Nacional, porque tendría que empezar por aceptar la auditoría completa de los resultados electorales del 14A.
Y aunque como se dice en corrillos políticos, Maduro es el candidato de los hermanos Castro y en esa decisión del Presidente Chávez pudo estar metida la mano y el pensamiento de los comandantes cubanos,  la reacción del Presidente de la Asamblea Nacional y de la totalidad de los parlamentarios oficialistas, actuaron con absoluta complicidad con la flagrante violación de la Ley fundamental de la República.
Y aunque el difunto Presidente de la República llamó a un diálogo nacional, antes y después de las elecciones del 7 de octubre pasado, y se han dado algunos pasos para se produzca la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados, todavía existe un largo trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo.
Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión,  iniciar cuanto antes un diálogo constitucional, entre representantes del gobierno y de la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario dejar de lado a los talibanes y extremistas del oficialismo y de la oposición, que desde posiciones muy  cómodas, por lo general exclusivamente teóricas, le piden a los líderes que conducen la administración pública y la lucha por un cambio democrático, que radicalicen sus enfrentamientos. Cualquiera sea la conducta del cuestionado Presidente y de su incapacidad para seguir al frente de la  nación y resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de los venezolanos, los demócratas debemos seguir indisolublemente vinculados y apegados al texto de la Constitución Nacional Bolivariana.
El desempeño de Capriles y de los integrantes de la Mesa de la Unidad (MUD) ha permitido a la Alternativa Democrática avanzar hasta  alcanzar el 50% de los votantes,  capaz de evitar un nuevo fraude si todos los demócratas nos organizamos y concurrimos a votar, y obtiene en las elecciones del 8 de Diciembre una aplastante mayoría.

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