La inmunidad parlamentaria es una figura legal, que tiene relación directa con el ejercicio de la democracia y, por consiguiente, se respeta en cualquier país donde impere la pluralidad de ideas políticas.
Al formular tal opinión el profesor Pedro Pablo Alcántara, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo y ex diputado de la Asamblea Nacional, distingue que ese derecho que tienen los diputados electos por el pueblo se convierte en un estorbo en los regímenes autoritarios.
Porque estos tipos de gobierno no aceptan, ni toleran, la disidencia y consideran que quienes piensan distinto a su forma de actuación no son adversarios, sino enemigos y, por lo tanto, deben ser desaparecidos.
Eso explica por qué durante este régimen, comenzado hace casi quince años, se ha desconocido la oposición y, en consecuencia, se persigue, acosa y se llega a utilizar los tribunales para condenar y encarcelar a quienes son tenidos como enemigos del llamado socialismo del siglo 21.
Es larga la lista de inhabilitados políticos que arrojó la Contraloróia General de la República, para impedir que funcionarios con liderazgo propio pudieran continuar actuando políticamente, tal como ocurrió con el ex alcalde Leopoldo López, a quien las instancias internacionales determinaron que era inocente de las acusaciones que se le habían hecho que le cercenaron sus derechos constitucionales.
El caso Mardo
Alcántara se refirió al allanamiento de la inmunidad de que ha sido víctima Richard Mardo por decisión del oficialismo, que ha utilizado al ministerio público y los tribunales para que este dirigente democrático, que ha construido su propio liderazgo, sea expulsado del ámbito político.
Las acusaciones que se le han formulado carecen de fundamento, ya que se le involucra hasta en el delito de drogas y la propia Oficina Nacional Antidrogas ha dado a conocer que el mencionado dirigente político no tiene expediente alguno sobre el particular.
Antecedentes peligrosos
Ahora que está en el tapete el caso Mardo hay que recordar que esta misma Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le arrebató sus derechos al diputado Wilmer Azuaje, después que este, en su condición de dirigente regional del chavismo en el estado Barinas, hiciera denuncias sobre hechos de corrupción en aquel estado, comenzando por el padre de Hugo Chávez, Hugo de los Reyes Chávez, quien era gobernador de esa entidad.
Al parlamentario no sólo lo expulsaron del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que le allanaron la inmunidad parlamentaria después de ser acusado de vejámenes contra una funcionaria del CICPC.
No se nombró la comisión para investigar la denuncia, ni se le dio el derecho a la defensa, sino que se procedió arbitrariamente porque el objetivo era sacarlo de la Asamblea Nacional.
El Dr. Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista, al ser consultado por EL IMPULSO, en torno al caso del diputado Richard Mardo, dijo que la directiva de la Asamblea Nacional y la bancada oficialista había violentado el artículo 200 de la Constitución, según el cual la in munidad es un derecho que tienen los diputados desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo.
La inmunidad no es un privilegio, aclaró, sino una prerrogativa funcional que tienen los parlamentarios.
Ese derecho no es para un funcionario, sino para toda la Asamblea Nacional y, por lo tanto, cuando se procede como se ha hecho contra el mencionado parlamentario, se está atentando contra el propio Poder Legislativo, porque en el curso de la acusación no se presentaron puebas, sino copias de supuestas operaciones bancarias cuando lo más indicado y evidente era solicitar de los bancos los originales.
La inmunidad no es un derecho que otorga la Asamblea Nacional, sino la concede la Constitución de la República a los diputados electos por votación y, por consiguiente, ese parlamentario es representante del pueblo.
-¿Cómo se explica que Mario Silva, quien tenía el programa La Hojilla, haya señalado al presidente de la Asamblea Nacional de varios delitos y no fue investigado?
-Más aún, existen denuncias en su contra cuando fue gobernador de Miranda; pero, no se procedió a la investigación. En el caso Mardo evidentemente responde a intereses políticos.
