El Ejecutivo nacional ha acusado de especuladores y acaparadores a buena parte de los empresarios y comerciantes del país, quienes, según la misma versión oficial, han iniciado una suerte de guerra económica para generar desestabilización.
En este sentido, es necesario examinar las diferentes ofertas manejadas por el Gobierno para satisfacer las exigencias del mercado en materia de alimentos, insumos agroindustriales y de construcción, a fin de determinar por qué el ciudadano continúa prefiriendo a las compañías privadas a la hora de escoger un producto o solicitar un servicio. ¿Por qué exhortar a los ciudadanos a ubicarse a las afueras de los establecimientos con la intención de “vaciar los anaqueles”, aclarando que sería a través de la adquisición a “precios justos” de los productos? .
En las empresas intervenidas por el Gobierno nacional, donde el control del sector público se expresa en un alto porcentaje, aún no se han resuelto los problemas de escasez en los productos regulados, desabastecimiento, falta de materiales para la construcción y alto costo de algunos alimentos, entre otras irregularidades.
En el sector construcción, desde la nacionalización de algunas empresas que surten de materia prima a este mercado, no se han cumplido las metas debido a la escasez de dichos materiales o el precio elevado de los mismos, los cuales son comercializados fuera de la regulación. En alimentación, los productos de primera necesidad y regulados bajo decreto de Gaceta Oficial, son difíciles de conseguir en los establecimientos, sobre todo en rubros como la carne y el pollo, cuyos precios se comercializan por encima de la disposición legal con anuencia de los organismos públicos nacionales.
Sobre los electrodomésticos ofrecidos por los hipermercados públicos, la escasez es una realidad. Es usual observar el área de estos productos vacíos y, en algunos casos, a precio similar al del privado. Para finalizar, los insumos del agro escasean notablemente luego de la intervención de la empresa Agroisleña y la constitución de Agropatria.
En construcción hay un monopolio ineficaz
Desde que el Gobierno nacional decidió la intervención de las cementeras privadas radicadas en el país, además de las siderúrgicas que se encuentran en el estado Bolívar, encargadas de la fabricación de cabillas y otros materiales metálicos usados para la construcción de cualquier infraestructura, el Estado pasó a ser el dueño absoluto de las empresas facilitadoras del material básico para la realización de obras de construcción.
Sin embargo, aunque la regulación buscó generar mayor acceso al cemento, la especulación se convirtió en una realidad inocultable para las autoridades, sumado a una acentuada escasez que impactó el desarrollo de proyectos, y generó la conformación de un mercado paralelo.
Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción en el estado Lara, explicó que el Gobierno nacional no tuvo intenciones de conversar con la empresa privada desde que algunos precios se incrementaron, lo que produjo la nacionalización de las cementeras y de las siderúrgicas, con la intención de aumentar la construcción, “pero hubo una burocratización en las empresas, lo que trajo el desmantelamiento de las mismas y el desabastecimiento de los materiales”, indicó Mendoza.
Además de estas medidas promulgadas por el Gobierno central, y pese a los reiterativos llamados que, según Mendoza, se hicieron desde los sectores privados de la construcción, el gobierno del presidente (fallecido) Hugo Chávez, articuló una serie de disposiciones legales en el sector inmobiliario “que resultó en la desinversión”.
Según Mendoza, desde Miraflores no se cree en la descentralización, y se prioriza la centralización como modelo del manejo de las políticas públicas.
En un principio, el expresidente Chávez reguló el precio del saco de cemento (42 kilogramos) en 15 bolívares a la salida de la planta, y un límite de 20 bolívares para comercializar en las diversas ferreterías.
Conforme pasaron los años, se fueron ajustando dichos precios en los diferentes tipos de cemento gris; en el 2011, Hugo Chávez modificó la Gaceta Oficial número 39.829 y ubicó el precio del cemento gris Pórtland tipo I en 26 bolívares.
Para ese entonces, ya existían problemas con la obtención de dicho material, situación que se agravó en los últimos años. Sin embargo, advierte Mendoza, no solo existe el problema al conseguir este insumo básico, “sino que, cuando lo consigues, te das cuenta que lo están comercializando en 180 ó 190 bolívares”.
Para Mendoza, la causa de la situación actual se resume en “ineficiencia, ineficacia, burocratismo, falta de gerencia, no hay una posibilidad ni disposición a resolver el problema de la construcción, no hay diálogo, solo leyes para ahorcar al sector, y eso se traduce en desinversión, mayor desempleo, menor calidad de vida”.
El representante del sector construcción en Lara indicó que muestra de ello, es el retraso de 14 meses en el contrato colectivo de los obreros de la construcción.
De igual forma, indica Mendoza, esta situación afecta el desempeño de la Gran Misión Vivienda en el levantamiento de casas como soluciones habitacionales, además de infraestructuras de otras índoles como el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, el acondicionamiento de la Circunvalación Norte en Barquisimeto, y la reconstrucción del puente La Guardia, en la intercomunal Barquisimeto-Quíbor, por nombrar algunos casos.
Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Lara, indicó que el déficit habitacional en el país habría superado las 3 millones de viviendas este año, y este déficit se incrementó en un 40% en los últimos dos años, “en 2012 se construyeron 200 mil viviendas de 400 mil que se habían prometido”, dijo Lau, “y este año el Gobierno construirá 120 mil de las 380 mil planificadas”.
Para finalizar, Mendoza indicó que la falta de acercamiento entre el Gobierno nacional y el sector construcción sólo puede traer consecuencias negativas. “¿Cómo es posible que no nos llamaron a las mesas de trabajos para la adquisición de divisas para la importación de maquinarias? No hay posibilidad de conseguir repuestos, no hay máquinas nuevas, las importadoras traen a precio de dólar paralelo. No tenemos dólares ni para las botoneras de los ascensores”, señaló.
Finalmente, los representes de la construcción y del sector inmobiliario, aseguran que las empresas básicas del Estado no son competitivas en el mercado, por cuanto los productos continúan escasos y los precios muy por encima de la regulación establecida por el propio Gobierno.
