El día siguiente a las protestas estudiantiles ocurridas en varios estados del país, la criticada cobertura periodística ofrecida por algunos medios de comunicación significó “el punto de quiebre” y la ratificación de las denuncias que ha venido realizando el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en cuanto a las presiones ejercidas por el Gobierno nacional contra los medios de comunicación, condicionados por las líneas editoriales y los intereses del Estado.
Marianela Balbi, directora de la mencionada institución, señaló al bloqueo informativo como principal limitante del ejercicio periodístico y criticó cómo el mismo gobierno que denunció la estrategia orquestada por los medios durante los días del golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, ahora directamente lo auspicia bajo la argumentación de hacerlo “en beneficio de la sociedad y para evitar la zozobra en la población”.
La salida del aire del canal de televisión colombiano NTN24, por disposición directa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sería una muestra de censura muy grave en el país, donde queda de manifiesto la intención gubernamental de acallar cualquier medio con una posición independiente. “Hemos visto esa misma estrategia con Globovisión y la Cadena Capriles, aunque hemos visto el esfuerzo de los colegas”, comentó Balbi.
Periódicos: siguiente objetivo
Ante este panorama, la directora del IPYS no duda en afirmar que el próximo paso del Estado será contra la prensa escrita, y ello estaría reflejado en la crisis en el suministro de divisas para la adquisición de papel periódico, agravada en la actualidad con el cierre de un nuevo medio: el Diario Antorcha.
“Si bien esta situación se enmarca dentro de una situación económica general en Venezuela (que afecta a todo tipo de productos en situación de escasez), el hecho de que se den tantas condiciones y obstáculos burocráticos para comprar el papel periódico es una señal muy clara de que está siendo utilizado como mecanismo para controlar y condicionar a la prensa independiente”, explicó.
No obstante, la activista reitera la obligación del Estado de garantizar el libre flujo de la información en el país, de manera que los medios impresos puedan cumplir su función sin ningún tipo de condicionamiento.
Otro rasgo de la posición del Gobierno contra los medios se refleja en el ataque a los corresponsales de medios y agencias de información extranjeros que trabajan en Venezuela, un problema que en el pasado afectó exclusivamente a los comunicadores venezolanos ya abarca a quien practique el oficio.
“Si notamos que ha habido una estrategia para ir atacando cada tipo de medio de comunicación. Comenzaron con el tema de las televisoras, el cierre de Radio Caracas Televisión, después las radioemisoras con el cierre de 34 estaciones en todo el país”, puntualizó Balbi, quien advierte que la situación del papel periódico no es aislada, sino parte de una cadena de acontecimientos que conducen a presionar y ejercer el dominio sobre los medios independientes.
