La Guardia Nacional Bolivariana incurrió en delitos de lesa humanidad en la serie de enfrentamientos registrados contra residencias y habitantes en Barquisimeto y Cabudare, según el abogado Manuel Virgüez, miembro de Funpaz y el Foro Penal Venezolano.
El artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica como crímenes de guerra los ataques, daños y lesiones causados a la población civil por parte de cuerpos de seguridad del Estado, señaló.
El instrumento legal también condena el uso de gases asfixiantes o tóxicos, el empleo indiscriminado de armas y los tratos degradantes.
Para el consultor jurídico, los daños a cercas, garitas y viviendas, en Barquisimeto o Cabudare, no son hechos aislados.
“Tememos que respondan a órdenes superiores”, advirtió.
Anunció que en la más reciente arremetida militar en Valle Hondo y Altamira, hubo un detenido pero fue liberado el mismo lunes.
Asimismo, Virgüez respondió a las acusaciones del general César Figueira, comandante de la 14º Brigada de Infantería Mecanizada, quien negó que la GNB ocasionara daños en esos sectores.
“Revise los videos colgados en redes sociales, donde consta que las tanquetas derribaron los portones, no los vecinos”.
El general dijo que le mostraran pruebas de los hechos. El abogado aclaró que tienen el registro visual.
“Si es sincero su llamado, invite a Funpaz a presentar las denuncias ante su oficina”, dijo.
El viernes está planteado que los vecinos hagan la solicitud de investigación formalmente ante el Ministerio Público, acotó.
Denuncias sin respuesta
Por otra parte, habitantes de Los Cardones, Los Girasoles y Residencias El Obelisco volverán al órgano. Pedirán una medida de protección, en vista de que fueron blanco de agresiones por parte de la GNB.
A su juicio, el patrón de ataques contra urbanismos, y habitantes, podría repetirse.
“No hemos tenido respuesta de ninguna denuncia consignada al Ministerio Público, pero tenemos la esperanza”, declaró Virgüez.
En este sentido, el integrante de Funpaz comentó que están a la espera de un pronunciamiento de Fiscalía sobre el reciente caso de violación a la propiedad privada, registrado en edificios de la avenida Lara, al este de Barquisimeto.
Desde hace un mes tampoco tienen comunicación con la Defensoría del Pueblo en Lara, ni su máxima representante, Elba Iris Rodil.
“Reiteramos nuestra disposición de trabajar en conjunto con esas denuncias”, recalcó.
Diez privados de libertad en el estado Lara
“En Lara hay 10 jóvenes que están bajo la figura de arresto domiciliario, de los cuales nueve son estudiantes universitarios y uno es menor de edad. No han podido retomar sus estudios”, detalló.
Explicó que han vulnerado los derechos procesales de los muchachos, imposibilitados de asistir a clases por la privativa de libertad, todavía sin plazo determinado.
“Les deben otorgar medidas menos gravosas. Hemos solicitado la revisión de los casos y seguimos sin recibir respuesta”.
