El alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, acompañado de José Ignacio Guédez, director general de la alcaldía, y de Jesús Pérez, sindicó contralor, hizo público un informe preliminar elaborado por la Contraloría Municipal donde se resumen supuestas irregularidades cometidas por la gestión de Amalia Sáez, exalcaldesa del municipio, así como del personal de dicho organismo, y otras dependencias de la municipalidad.
En primer lugar, Ramos se refirió al tema de la recolección de desechos, «cuando Henri Falcón dejó la alcaldía de Iribarren, en la ciudad existían dos operadoras que trabajaban con 44 compactadoras de aseo», y diferenció esta situación a la encontrada por él cuando asumió el mismo despacho, «sólo existían 12 en diciembre pasado…, una diferencia de 32 compactadoras menos», señaló. Sus declaraciones las hizo en referencia a los «múltiples ataques de los concejales del Psuv» en contra del Instituto Municipal del Aseo Urbano y Domiciliario, y de la gestión actual.
«Son necesarias las 44 compactadoras para recoger las mil toneladas de basura que se producen en el municipio», explicó. Además, señaló, la deuda de la alcaldía con las operadoras de servicio en 2008 era de 6 millones de bolívares; sin embargo al recibir el despacho la deuda alcanzaba los 400 millones de bolívares. Señaló que, en la actualidad, 22 compactadoras ofrecen el servicio de recolección de desecho.
Sobre la “intención” del Concejo Municipal de hacer una auditoría, “tenemos la puertas abiertas para que constaten la ejecución de los recursos”. Ramos dijo que “aprovechará” la posible visita de los concejales oficialistas, para entregar los informes preliminares hechos desde la Contraloría Municipal. “Estos establecen responsabilidades administrativas que existieron en la gestión pasada”.
Según el informe, en 2013, se aprobaron 996.800 bolívares que no podían ser usados para un destino distinto al explicado en el convenio, y que, según el informe, no se cumplió; lo que supone una malversación de fondos. Además, desde el Concejo Municipal, se aprobaron 52 millones en créditos adicionales que no contaron con la justificación debida y otros requisitos.
Sobre las prestaciones
Ramos expresó que se determinaron irregularidades en el cálculo y pago de prestaciones sociales a la exalcaldesa Amalia Sáez, Raúl Mendoza, exsíndico municipal, y Carlos Pereira, antiguo director de recursos humanos. Sobre Sáez y Pereira, se comprobó que se aplicaron la cláusula 74 de la convención colectiva del sindicato de empleados municipales y, de esta forma, sumaron años de servicios laborados en otros entes públicos anteriores a la alcaldía. Según dicho cálculo, se habrían cancelado 780 días de más, lo que representan más 680 mil bolívares, que deberían ser devueltos a las arcas municipales.
Para finalizar, señaló que su despacho ya maneja los recursos para la homologación de los policías municipales, así como el Cuerpo de Bomberos de Iribarren.
