El movimiento Redes Penitenciarias de Voluntad Popular, acudió ante el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario donde exigieron a la titular, Iris Varela, la destitución de Julio César Pérez, director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental David Alvarado Viloria, mejor conocido como la Cárcel de Uribana, por la flagrante violación de derechos humanos de los internos.
Se exhortó también a la ministra a que garantice el respeto al derecho constitucional a la integridad física, psíquica y moral de la población carcelaria, esto a propósito de los repetitivos maltratos y torturas propinados por las autoridades del penal, en los que han resultado muertos y heridos varios reclusos.
Gilber Caro, coordinador nacional de Redes Penitenciarias, responsabilizó a Varela y Viloria de la violenta situación que continúa en la penitenciaría, desarrollada luego de que los reos iniciaron el pasado 24 de noviembre una huelga de hambre en señal de protesta a los malos tratos recibidos, esta situación trascendió dejando decenas de fallecidos.
Agregó que tales hechos ponen de relieve la profunda crisis carcelaria que existe en Venezuela, evidenciando el rotundo fracaso en políticas penitenciarias implementados por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Este es un sistema que tiene más de 60 años en deterioro continuo pero que se ha afianzado en los últimos 15 años. La ministra Iris Varela ha dicho que tiene control del sistema penitenciario, nosotros nos preguntamos ¿cuál control tiene cuando suceden este tipo de acontecimientos irregulares?, esto no solo ocurre en Uribana, pasa también en el Rodeo y en el CEPRA de Mérida. En Venezuela se puede tener un sistema penitenciario digno, que eduque a los presos, que los reinserte a la sociedad, tal como en República Dominicana que sin ser un país petrolero tiene cárceles modelo”, dijo.
Caro, acompañado por Vladimir Ramírez y Yadira Silva, puntualizó los derechos de los reclusos que permanentemente son vulnerados: “el derecho a la integridad física, psíquica y moral, contemplado en el artículo 46 de la Constitución; la seguridad y la convivencia ordenada del artículo 43; el derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 así como el Derecho a la Libertad de pensamiento”.
Finalmente, entregaron un documento elaborado por expertos en la materia para el mejoramiento del sistema penitenciario basado en el respeto de los derechos humanos.
