Un fiscal argentino presentó el jueves un dictamen en el que afirmó que su colega Alberto Nisman fue asesinado y requirió que la investigación del caso quede a cargo de la justicia federal.
Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, es el primer funcionario judicial que puso por escrito y de forma oficial una opinión concreta sobre lo que le ocurrió a Nisman, hallado muerto hace más de un año en su departamento de Buenos Aires con un tiro en la cabeza.
El investigador del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina fue encontrado sin vida el 18 de enero de 2015 varias horas antes de presentarse ante el Congreso para fundamentar la denuncia que había presentado contra la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el supuesto encubrimiento de exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes imputados por ese ataque.
La causa de la muerte de Nisman, que convulsionó el escenario político argentino, está a cargo de la jueza en lo criminal Fabiana Palmaghini, quien consideró días atrás que no hay pruebas suficientes para determinar que el fiscal fue asesinado, al rechazar un pedido de sus familiares de que la investigación sea trasladada al fuero federal.
La familia de Nisman apeló esa decisión, lo que dio paso al dictamen de Sáenz. El pedido del fiscal deberá ser definido en los próximos días por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
En su escrito, Sáenz señaló que coincide con los familiares querellantes en la importancia del «contexto histórico en el que se inscribe la muerte de Nisman, circunstancia de vital importancia para decidir sobre la competencia federal».
«Se señala que Nisman era el encargado de la investigación del mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país, que aparece muerto cuatro días después de haber formulado una gravísima denuncia por encubrimiento de ese atentado», dijo Sáenz.
Sostuvo además que hay pruebas suficientes de que Nisman había recibido amenazas de muerte previas, que fue sometido con sendos golpes antes de ser asesinado de un disparo en el cuarto de baño de su departamento, que su cadáver «fue movido alterándose así la escena del crimen» y que tanto su computadora como su teléfono móvil fueron manipulados para borrar datos y llamadas que recibió horas antes de su muerte.
Los allegados de Nisman, como su ex mujer y jueza federal Sandra Arroyo Salgado, consideran que su muerte fue un «magnicidio» en represalia a las denuncias realizadas por su ex marido y que debe ser investigado por la justicia federal por gozar de competencias más amplias.
Sáenz es uno de los fiscales que ha expresado públicamente su apoyo al difunto fiscal en marchas organizadas en su homenaje en la capital argentina.
La denuncia que Nisman hizo contra la presidenta Fernández fue desestimada en 2015 por varias instancias judiciales.
