El país está en un nivel de desequilibrio extremadamente peligroso.
Venezuela es un gran sistema, donde gobierno y gobernados conviven a través de leyes e instituciones, bueno, ese sistema se encuentra disonante, arrítmico.
En el ramo del gobierno nos encontramos con un Ejecutivo Nacional enfrascado tozudamente en un modelo país que forzadamente fue viable en boom petrolero. ¡El rentismo petrolero en su máxima expresión! Ello permitió el ensayo y error, el despilfarro y “presuntamente” elevados niveles de corrupción. Por otra parte, ese modelo está arraigado en la desinstitucionalización del país. Las instituciones se tiñeron de rojo, no cumplen con sus funciones constitucionales contraloras, fiscalizadoras y, mucho menos, autónomas; todas se amalgaman a la línea partidista del gobierno.
Esa desinstitucionalización genera condiciones favorable sólo al gobierno, pues le permite administrar discrecionalmente los recursos del Estado, financieros y en bienes, interpretando a su conveniencia el texto constitucional, por demás, exageradamente tácito. Por tal motivo, las instituciones públicas bombardean incesantemente con cifras y estadísticas económicas y sociales maravillosas, pero que coliden pasmosamente con la realidad.
Desde el 5 de enero de 2016 ese concepto de país recibe un duro sacudón. La Asamblea Nacional coge rumbo propio, ajeno al de los demás poderes públicos, intenta en primer lugar hacer leyes ajenas a la visión del partido de gobierno y de ejercer su actividad contralora sobre la administración pública y el gobierno, facultad expresa en el artículo 187, numeral 3 de la CRBV. ¡He allí el dilema! Y la razón del por qué está siendo atacada ferozmente por el TSJ.
Sentencias como la del martes primero de marzo, emitida por el TSJ, evidencian la gravedad de la desinstitucionalización, pues el máximo tribunal de justicia prohíbe al parlamento que revise o deje sin efecto un acto propio de esa cámara, algo tan delicado como la comisión que se encargó de la selección y designación de los magistrados al TSJ el pasado diciembre. La comisión actual encargada de realizar esa investigación encontró numerosas violaciones a la ley (y aún falta por pronunciarse sobre el perfil de los magistrados electos). En todo caso, preguntamos al país: ¿Si el procedimiento fue legal, apegado a la letra constitucional, por qué evitar a toda costa que sea investigado? Esa sentencia inconstitucionalmente también prohíbe investigar a militares, demás poderes públicos y condiciona el control sobre el Ejecutivo nacional ¿A qué temen tanto?
En fin, el gobierno nacional debe tener ¡cuidado! pues por pretender crear un piso “legal” que le obsequie estabilidad en el poder esta abonando copiosamente a la inestabilidad del resto del país, en términos de gobernabilidad, en todos los procesos sociales, de calidad de vida, intento que se lleva a cabo en un país en el peor deterioro progresivo y estructural de su historia. El gobierno va por un camino y el país en otro muy distinto.
