SIP pide cese el cierre de medios

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La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó al Gobierno nacional el cese de en la estrategia de cierre de los medios de comunicación y exhortó a dar acceso de manera inmediata a todos los medios escritos al papel prensa, sin discriminación, en especial a los diarios El Carabobeño y EL IMPULSO; y a los otros medios que han debido cerrar por falta de este material indispensable.

Solicitó al Estado cesar el uso del poder policial como herramienta de persecución a las empresas periodísticas como el caso del Correo de Caroní y David Natera Febres. Además instó a las autoridades a cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige la devolución de la señal y los equipos de transmisión de Radio Caracas Televisión.

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Las solicitudes se hicieron luego de conocer los hechos plasmados en el informe sobre la situación de los medios de comunicación en Venezuela aprobado por la reunión de medio año de la SIP en Punta Cana, República Dominicana.

Los miembros cuestionaron también que el Gobierno de Venezuela ha manifestado públicamente no estar dispuesto a reconocer la función legislativa de la Asamblea Nacional electa por votación popular el pasado 6 de diciembre. Consideran que esta acción afecta el Estado de derecho y las garantías jurídicas de la libertad de expresión y de prensa.

Expresaron preocupación porque desde el Ejecutivo Nacional ejercen el control total del papel de prensa y niegan el suministro a la prensa libre e independiente, atropello que ha generado el cierre del Diario El Carabobeño y ha puesto en peligro de clausura a otros 80 periódicos.

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Recordaron con preocupación que el Gobierno de Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia han declarado públicamente no estar dispuestos a acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordena restituir la señal y los activos de Radio Caracas Televisión. Las conclusiones de la reunión agrega que el gobierno arrecia en la criminalización de la actividad periodística manteniendo bajo persecución judicial a distintos editores y comunicadores sociales.

 

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