Por primera vez en muchos días, este miércoles no se vieron máquinas y camiones extrayendo granzón del cauce del río Turbio, en la zona de Santo Domingo, donde está en peligro la avenida Ribereña por derrumbe del talud sobre la que se asienta.
Como se ha informado, los diputados Daniel Antequera y Fili Peña, de la AN y el CLEL, respectivamente, y EL IMPULSO, han venido denunciando los riesgos que representan para esa arteria vial la indiscriminada explotación de material no mineral de la cuenca del río.
Esto, debido a que los encargadodes de esos saques de granzón desviaron el cauce natural hacia el norte con el fin de trabajar en el sur, sin tomar en cuenta que al hacerlo, la corriente debilita el talud cuyo borde apenas está a menos de diez metros de la capa asfáltica.
Este miércoles coincidieron en el sitio, al oeste de Barquisimeto, el diputado Fili Peña, el presidente del Instituto del Ambiente del estado Lara, José Luis Coello, el topógrafo Juan Rodríguez, de Corpolara, y otros funcionarios de ese organismo y del INTI.
Allí, el parlamenario les reiteró su preocupación por lo que ha venido ocurriendo, recibiendo como respuesta la información de que Corpolara y el INTI están trabajando ya en la canalización del río y en un estudio ambiental de lo que representa el desvío del cauce hacia el norte.
Pero se encuentran con el problema de que el ministerio de Ecosocialismo y Aguas sólo les otorgó el permiso necesario para la canalización hasta determinado sitio, que no incluye el utilizado por la empresa encargada del saque de granzón, limitándose a 450 metros lineales.
Los técnicos de Corpolara y el INTI, luego de las correspondientes mediciones, determinaron que el socavón existente en el norte, al lado de La Ribereña, tiene ya una profundidad de 8 metros y una anchura de 7, lo que indica su peligrosidad.
Para el topógrafo Rodríguez, lo importante es proteger el talud norte, recuperando el cauce normal de la corriente, lo que se podía observar parcialmente este miércoles gracias a las precipitaciones de los últimos días.
Además de la canalización es necesario eliminar un islote que se ha formado hacia el oeste, que también contribuye a desviar las aguas hacia La Ribereña.
Investigación
El diputado Peña, quien abrió el debate en el CLEL sobre el problema, dijo que la solución no queda sólo con la suspensión de la extracción de material en la zona de Santo Domingo y Titicare sino que se debe abrir una investigación sobre el verdadero destino de las miles de toneladas de allí sacadas.
“Se dice que estaban destinadas a la misión Vivienda Venezuela, pero existe la sospecha de que alguien, muy allegado al gobierno, se ha estado enriqueciendo de manera irregular vendiéndolo a particulares, e incluso exportándolo a islas del Caribe”, afirmó.
Igualmente estima debe investigarse la actuación del hoy llamado ministerio de Ecosocialismo y Aguas en el caso pues, presume, se ha actuado negligentemente, protegiendo a alguien, sin preoocuparse en la conservación del río y de la avenida La Ribereña.
Peña dice que es incalculable la cantidad de toneladas de material no metálico que en los últimos meses, con la autorización o complacencia de ese ministerio, han sido sacados del río en su paso por Barquisimeto, tanto frente a Titicare y Santo Domingo como en Las Damas, de donde a diario se han visto salir enormes camiones volteo hacia destinos desconocidos.
Para hoy se espera una nueva visita de diputados del CLEL, esta vez de los miembros de la comisión de Ambiente, presidida por Nereida Sosa, además de altos funcionarios regionales de Corpolara, Instituto Nacional de Tierras y ministerio de Ecosocialismo y Aguas.
El caso en la Asamblea Nacional
Este miércoles, el diputado Daniel Antequera fue recibido en la comisión de Ambiente, Recuros Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional que preside el diputado Julio César Reyes.
Allí, el parlamentario regional planteó la gravedad del problema que está afectando el Valle del Turbio, acordándose que en el curso de los próximos días vendrá a Barquisimeto una comisión para tener conocimiento del daño ambiental que se está cometiendo.
“Mientras particulares deterioran esta zona agrícola, hay un pueblo que quiere sembrar y producir al país”, expresó.
Mientras tanto, se sigue esperando el pronunciamiento de los ambientalistas locales sobre lo que representa para el valle su progresiva destrucción, que comenzó desde que el gobierno decretó la expropiación de varias de las fincas que allí se encontraban plena producción de caña de azúcar u otros rubros y hoy se encuentran abandonadas.
