Como parte del proceso de diálogo ha surgido la iniciativa de promover una reunión en el Vaticano para refrendar un acuerdo entre el Gobierno y la oposición venezolana. Con este propósito los facilitadores de Unasur y el Nuncio apostólico han venido sosteniendo reuniones con representantes de los dos factores, quienes por su intermedio hacen conocer sus opiniones a la contraparte. Es una modalidad de diálogo indirecto, pero diálogo al fin, que pudiera permitir la construcción de las bases mínimas de un compromiso.
Como el caso que debe ser abordado corresponde a una pugna por el poder político, la exploración que se ha venido realizando tiene como eje la evaluación de los mecanismos que permitan a la vez la convivencia a futuro de ambos factores y la forma de definir el asunto del poder. Un elemento crucial en todo esto, es la construcción de acuerdos para la medición de fuerzas con posibilidades de alternancia en el Ejecutivo.
Un acuerdo viable básico, que pudiera ser aceptado por ambos sectores, consistiría en fijar una fecha precisa para la elección de gobernadores en 2017 y las presidenciales en 2018. Para la oposición, esta decisión representaría un gran logro, puesto que considera que estamos en una dictadura. Y para el Gobierno, sería la garantía expresa de que no se intentaría deponerlo antes de finalizar el período constitucional. No habría sensación de victoria ni de derrota de ninguna de las dos partes. Otros puntos pudieran incluirse en los acuerdos, pero no es obligatorio que así sea.
Sin embargo, en este aspecto esencial del diálogo en curso no se ha podido llegar a conclusiones porque no hay definiciones completamente claras en ninguno de los dos factores. Del lado de la oposición se adelantan simultáneamente varias estrategias para alcanzar el poder. No hay una visión consensual. Hay quienes estarían de acuerdo con el cronograma señalado de 2017 y 2018. Otros son partidarios de impulsar una rebelión social que conduzca al derrocamiento militar de Nicolás Maduro. Y una tendencia es favorable a una intervención extranjera, que sería a sus ojos el elemento decisivo de la situación. Esta corriente ha cobrado fuerza en las últimas semanas por las recientes acciones del gobierno de Donald Trump.
Del lado gubernamental, no se conoce si estarían dispuestos a firmar un convenio como el señalado más arriba sin que se incluyan otros aspectos, como la aprobación de los créditos internacionales por parte de la Asamblea Nacional. Igualmente, se han escuchado opiniones internas de quienes consideran que esos procesos electorales no podrían celebrarse mientras se mantenga la actual situación económica.
Ahora bien, de lograrse un entendimiento basado en la fijación de las fechas de celebración de elecciones, habría que comenzar una negociación que establezca las formas de convivencia entre estas dos grandes fuerzas políticas y sociales, tanto en el caso de resultados favorables a la oposición como al Gobierno. Pero las fechas son el primer escalón.
