Por transgredir el artículo 23 de la Constitución que revela la jerarquía de los tratados internacionales, la denuncia que hiciera el Gobierno de Venezuela el pasado 26 de abril para retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) es totalmente nula. Así lo aseguró este lunes la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Por comunicado de prensa, explicaron que dicho artículo fue ideado con el objetivo de impedir la posibilidad de que el Ejecutivo ejerciera una denuncia de los tratados en materia de derechos humanos, es decir, que la Carta Democrática Interamericana forma parte del bloque de la constitucionalidad y no se puede derogar sino a través de una enmienda o reforma.
“La incompetencia del Presidente de la República para realizar esta denuncia está además desarrollada en los diarios de debate de la Asamblea Nacional Constituyente, en sesión de fecha 16 de noviembre de 1999”, apuntaron al tiempo que se aclaró que así como el acto es nulo, todo funcionario que lo ordene o ejecute, incurrirá en responsabilidades penales, civiles y administrativas, sin que sirva como justificación la orden de un superior.
Es importante aclarar que el artículo 31 de la Carta Magna permite que los ciudadanos dirijan peticiones a los organismos internacionales de derechos humanos, a fin de solicitar la protección; este hecho ha sido condenado por el Gobierno nacional, quien asegura que se está recurriendo a la injerencia, pero la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, recuerda que el desconocimiento de este artículo implica la transgresión del principio de progresividad de los derechos humanos que también está previsto en la Constitución en su artículo 19.
“Llamamos la atención a la OEA y a sus Estados Miembros, para que rechacen la denuncia de la Carta realizada por el Presidente de la República, pues ésta, al ser manifiestamente inconstitucional, debe ser considerada absolutamente nula. La OEA no debe sentar el precedente de permitir que los gobernantes de turno actúen al margen de la Constitución de sus países retirándolos ilegítimamente de esa organización para privar a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales”, enfatizaron.
Finalmente, la Academia invita al primer mandatario a rectificar esta decisión y dejar sin efecto la denuncia, en beneficio de la nación y del rescate de la institucionalidad.
