Un total de 105 ataques e incidentes de seguridad durante el mes de enero de 2023 registró en Venezuela, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), de acuerdo con la información dada a conocer a los medios de comunicación.
Se ratifica que continúa la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales.
Las situaciones y hechos de amedrentamiento registrados durante este lapso revelan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.
Ataques en el primer mes del año
Se observa un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras, al calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras; y acrecentar el marco normativo restrictivo para dificultar aún más sus labores en un entorno ya adverso y hostil.
En el mes de enero registramos nuevos actos de intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones catalogándolas como agentes desestabilizadores por el trabajo de investigación, denuncia, acompañamiento y exigencia al Estado de transparencia y no impunidad frente a los abusos y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.
La estigmatización se mantiene como el principal patrón de agresión implementado en el marco de la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.
Los 105 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso evidencian que esta problemática sigue presente en el país.
El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, y la crisis política, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.
2023 inició marcado por un incremento en el número de ataques e incidentes de seguridad registrados en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.
Se ratifica que la libertad de asociación y la defensa, exigencia y promoción de derechos son actividades legítimas y amparadas por el derecho internacional, por lo tanto deben garantizarse sin limitaciones arbitrarias y obstáculos que impidan la operatividad de las organizaciones en el marco de la legalidad.
Se recuerda igualmente, que quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.
