Trabajo de: www.talcualdigital.com
Gremios empresariales advierten que los retrasos en la tramitación de documentos en los registros y notarías del país, así como los altos costos de los aranceles afecta la estructura de costos de los negocios y demandan una gran cantidad de personal para abocarse a esta labor. Alertan de lo insostenible de la situación ya que genera cierre de empresas. Señalaron que la creación de un registro de extranjero golpea la posibilidad de una recuperación económica
Los retardos indebidos, los rechazos irracionales, la existencia de formalidades no previstas en las normas jurídicas y el cobro excesivo en los registros y notarías del país, generan una serie de costos a diferentes sectores como la construcción, la inmobiliaria y hasta la ciudadanía en general que debe tramitar documentos como el permiso de viaje de un menor de edad.
Ante esta crítica situación, varios gremios solicitan, entre otros, la revisión de la política de cálculo y el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Registros y Notarías, a los efectos de que los usuarios paguen como máximo, 2% del precio de compra del inmueble. Igualmente, piden que se revise la exigencia que establece que toda persona extranjera que desee firmar un documento, deba inscribirse en la página del Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías).
Representantes del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas (Consecomercio); de la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción (CVC) y de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) se reunieron este martes 14 de marzo, para alertar de las consecuencias de los trámites «engorrosos y costosos» de los registros.
Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio alertó que las exigencias de las notarías afecta a una gran cantidad de sectores económicos, pero también al propio Fisco nacional, a los inversionistas extranjeros y hasta el consumidor.
«Además de las adversidades que confrontan el mercado inmobiliario y la construcción, con estas medidas, contrarias al interés general, sus negocios están siendo afectados», afirmó.
Advirtió que si tienen que esperar tres o cuatro meses para lograr sus firmas, «bien por el registro de extranjeros, como por las sumas, que arbitrariamente, colocan los funcionarios gubernamentales, vista la ausencia de créditos bancarios y la capacidad de compra limitada que existe en la actualidad, los usuarios se convierten en víctimas».
Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, sostuvo que el sistema de registro y notarías es un servicio público tendiente a garantizar la seguridad jurídica y, por consiguiente, está condicionado a los principios de juridicidad que impone que toda actuación se someta al ordenamiento jurídico y no a la abierta discrecionalidad de los funcionarios.
«Debe respetar y garantizar los derechos de los usuarios (…) Los retardos indebidos, los rechazos irracionales, la existencia de formalidades no previstas en el ordenamiento jurídico atenta contra los derechos fundamentales de propiedad y disposición de elementos patrimoniales, que lo concretan», dijo.
Agregó que no se puede dejar a un lado, el cobro excesivo, confiscatorio y discrecional de los derechos de registros por protocolización de documentos varios, esenciales para la certidumbre de las operaciones de los empresarios, uso y goce de los derechos fundamentales y la realización fluida de la intermediación financiera. «Circunstancia ésta, que conjuntamente con las habilitaciones indebidas y atípicas hace de los derechos y tasas, expresiones de tributación confiscatorias».
Recordaron los representantes de los gremios que en agosto de 2022, el Saren implantó el Registro para Extranjeros en el que el ciudadano extranjero debe llenar un formulario a través de la web del Saren y el organismo, por la misma vía, lo habilita para la firma de cualquier tipo de documentos ante cualquier registro o notaría. El retardo de este trámite ha hecho que se retrasen igualmente decisiones de juntas directivas de empresas y hasta de condominios.
Tarifa discrecional
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri, señaló que cuando la Ley de Registros y Notarías se incorporó el tabulador en el que se indexan las tarifas con la moneda petro, se ha incrementado los costos, pero también se han complicado los procesos.
«Ahora hay más de 200 renglones de tarifas y por cada concepto agregan un costo adicional en el cálculo de la planilla, en la que se aplica la discrecionalidad del funcionario», dijo.
Citó como ejemplo que la tarifa de Asamblea de Accionistas de una empresa, en la que se aplica un porcentaje adicional por cada uno de los puntos que se tratan: de aprobación de estados financieros, balances, porcentaje por aumento de capital, por ratificación de la junta directiva, por comisario, por número de páginas, entre otros.
«El registro de extranjeros en el Saren dificulta la recuperación de los distintos sectores. Sus inversiones dinamizan a sectores como la construcción, recordemos que la industria de la construcción actual solo representa 12% de lo que era en 2012, por lo que requiere de grandes inversiones para su recuperación», apuntó.
Por su parte, Roberto Orta, presidente de la Cámara Inmobiliaria presentó los resultados de una encuesta realizada a más de 700 profesionales inmobiliarios, de los cuales, 65,8% dijo haber tenido negociaciones inmobiliarias en la que están involucrados extranjeros, mientras que 77,8% de esas operaciones es referido a negocios inmobiliarios de compraventa en registros públicos inmobiliarios.
«El 60,7% de los extranjeros registrados no ha recibido respuesta y sus firmas se encuentran paralizadas y el 51,7% tiene entre uno y tres meses esperando respuesta por parte del organismo», señaló.
Recalcó que en estados como Nueva Esparta, un extranjero debe pasar por trámites no solo en registros y notarías, sino también ante el Saime, el Sebin y la autoridad militar local para poder comprar una propiedad. «Esta situación paraliza todo tipo de negociación, tanto para los extranjeros como para los venezolanos (…) Al menos 70% de las operaciones de compra-venta de inmuebles están paralizadas».
Apuntó Orta que en la reforma de la Ley de Registro Público de diciembre de 2021, el artículo 83 establece en su ordinal 7, que el derecho de procesamiento de documentos de ventas, bienes inmuebles y otros derechos para la constitución de sociedades en su ordinal C que «más de mil unidades petro (1.001 PTR) en adelante el 2%». Es decir, se establece como máximo, el 2% calculado sobre el precio de venta del inmueble.
Sin embargo, en la encuesta realizada por la CIV se reveló que en la realidad el cálculo de los aranceles oscila entre 5% y 40% del precio de venta, lo cual constituye un obstáculo y, en muchas oportunidades, impagables.
Sostuvo además que «cualquier trámite engorroso incita a ka aparición de los gestores».
Leer más: www.talcualdigital.com
