Trabajo de www.talcualdigital.com
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, publicó este martes 4 de julio un comunicado en el que señala la decisión de la administración de Nicolás Maduro de apelar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que se autorizó a la Fiscalía, presidida por Karim Khan, de continuar investigaciones sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En el texto, Gil destacó que en las próximas semanas van a consignar todos los documentos a la Sala de Apelaciones de la CPI que respaldan su apelación en el llamado caso «Venezuela I», con lo que denunciarán lo que consideran errores por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares I. A su juicio, dicha decisón es «contraria a la verdad y a la justicia».
De igual forma, señaló que el Ejecutivo usará todo lo que esté a su alcance en el marco del Derecho Internacional «para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación», en una acción que considera «ofensiva» que está usando a la CPI como un supuesto instrumento para perjudicar a Venezuela.
La Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó el martes 27 de junio a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En su decisión, publicada por la Sala en la página web de la CPI, los jueces hicieron un recuento sobre la situación conocida como Venezuela I, las acciones del fiscal Karim Khan y los recursos ejercidos por la administración de Nicolás Maduro para retrasar la investigación.
Los jueces destacaron que «sobre la base de numerosos alegatos presentados por Venezuela, la Sala considera queVenezuela parece admitir que no está investigando las alegaciones de hecho subyacentes y los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad».
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que lamentó la decisión de la mencionada sala de la CPI de continuar el proceso de investigación en el caso Venezuela I.
En el texto, la Cancillería alegó que, desde que la Fiscalía de la CPI empezó el proceso en el año 2018, la administración de Nicolás Maduro ha denunciado en todo momento que hay una intención de «instrumentalizar» a organismos de la justicia penal con «fines políticos», que a su vez buscan concretar el objetivo de un cambio en el gobierno.
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