Como sumamente grave y alarmante definió la ONG FundaRedes la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y zonas rurales de la frontera venezolana ante la exposición por parte de grupos armados irregulares y organizaciones delincuenciales a actividades de esclavitud moderna y el evidente desinterés por parte del Estado venezolano en garantizar sus derechos fundamentales.
Según el más reciente boletín publicado por la organización, titulado «Mujeres indígenas y de zonas rurales son víctimas de violencia por grupos armados irregulares en territorio venezolano», resaltaron que la vida de las mujeres en las zonas agrarias de la frontera y comunidades indígenas es de marginación constante, sumado a la inseguridad física y alimentaria, la falta de transporte, las fallas o ausencia de servicios públicos, el escaso acceso a recursos sanitarios aunado a la violencia y la opresión.
“El Estado venezolano es responsable de la violencia sistematizada en contra de la mujer campesina al no impedir la explotación sexual y laboral que alcanza escenarios de esclavitud, así como otras formas de violencia que se han instaurado en las zonas rurales de los estados fronterizos ante la mirada pasiva de funcionarios y agentes de seguridad del Estado que incluso en ocasiones actúan en connivencia con los grupos que ejercen control sobre ellas”, asegura el estudio.
De igual manera destaca FundaRedes que la minería ilegal ha hecho que la mujer sea utilizada como esclava sexual y laboral.
“La zona minera que abarca el Arco Minero del Orinoco se ha constituido en caldo de cultivo para actividades delictivas como la trata de personas y la explotación laboral y sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas que son víctimas de todo tipo de vejaciones en medio de sus precariedades por responsabilidad del Estado”.
