El doctor Miguel Soto, profesional del Derecho, aseveró que la destitución de la directiva de la Cruz Roja venezolana y la designación de un interventor en ese organismo, es un procedimiento totalmente ilegal.
En principio, la Cruz Roja no es un organismo del Estado venezolano y, legalmente, cualquier procedimiento que se le haga a una empresa o institución privada tiene que partir de una denuncia formal.
Esa denuncia tiene que ser consignada a los organismos de investigación, los cuales deben determinar si es procedente o no, explicó. De realizarse la investigación y comprobarse un hecho irregular, se aplica una sanción.
Pero, el cualquier caso debe prevalecer el derecho a la defensa, advirtió. Y la denuncia no puede ser hecha de modo alegre, anónima o producto de algún comentario, sino que debe ser formal con la responsabilidad de quien o quienes es formulada. De ahí debe partir la investigación.
Sin un marco legal no puede haber intervención a una empresa o institución privada, especificó el doctor Soto. Hay que tomar en cuenta que en este caso, la Cruz Roja no es un organismo dependiente del Estado, ni administra dinero de los fondos públicos. En caso de que haya irregularidades se procede a aplicar una sanción.
Lo que se ha hecho contra la Cruz Roja venezolana es un procedimiento totalmente ilegal y mucho más aún porque no se respetó el derecho a la defensa, el cual está consagrado en la Constitución.
