Trabajo de: www.runrun.es
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este 3 de noviembre los resultados de la evaluación del Estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra.
Después de que el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, participaran en Ginebra, Suiza, para que la ONU consulte cómo el Estado está atacando sus compromisos internacionales sobre los derechos humanos el pasado 10 de octubre, el organismo multilateral «ve con preocupación» que los poderes públicos estén parcializados hacia el gobierno de Nicolás Maduro y no protejan los derechos humanos de los venezolanos.
Esta sería la quinta evaluación que tiene Venezuela frente a la ONU. La comunidad internacional reiteró, una vez más, que los más vulnerables frente a estos incumplimientos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCI) en el país son los presos políticos, los activistas de derechos humanos, los políticos críticos al madurismo, las mujeres, las poblaciones indígenas, la comunidad sexodiversa y los niños, niñas y adolescentes.
Entre las preocupaciones más fuertes de la ONU frente al PDCI se incluyeron las restricciones de los venezolanos a actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral, más aún de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios para gobernadores, alcaldes y diputados de la Asamblea Nacional de 2025.
«Se insta a Venezuela a garantizar que todas las personas, incluidos los jóvenes, disfruten plena y efectivamente del derecho a la participación política, garantizando su inscripción en el registro electoral nacional», expresa el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Pidieron además al Estado venezolano que facilitara elecciones justas, transparentes, inclusivas y pluralistas a todos los niveles, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos.
El Comité expresó su «grave preocupación» por las acusaciones de que instituciones judiciales, administrativas y constitucionales, como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia, «han estado restringiendo el espacio democrático mediante la inhabilitación política para impedir que miembros de partidos de oposición desempeñar un cargo público».
Lamentó asimismo que algunos opositores políticos ya hayan sido inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024.
En Runrun.es resumimos las conclusiones de la ONU en nueve claves:
Opacidad ante la ONU y ante los derechos LGBTIQ+
Si bien el estado propició algunos documentos que evidencian que han creado leyes para despenalizar ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en las alas militares, la ONU asevera que no existen pruebas ni documentos que permitan hacer un seguimiento a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia o al Ministerio Público sobre los derechos a las personas queer, transexuales y no binarias.
Las Naciones Unidas asevera que el Estado venezolano no propicia ninguna información para justificar por qué o cómo el sistema de justicia venezolano emite decisiones que no cumplen con los derechos humanos.
«El Comité lamenta la falta de respuesta del Estado parte sobre los informes aludiendo a una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que asume una interpretación que menoscaba el carácter vinculante de la jurisprudencia emitida por los órganos de tratados internacionales relativos a derechos humanos en el orden interno», se lee en el documento.
«Se considera preocupantes las denuncias de violencia, incitación al odio y discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en el Estado parte. También le preocupa la falta de una ley que garantice el derecho de las personas transexuales a su identidad de género auto percibida, así como la falta de reconocimiento jurídico y de protección de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, y lamenta la falta de información proporcionada por el Estado parte al respecto», enfatiza la ONU.
Los atropellos continúan pese a que la Ley de Registro Civil permite a las personas transgénero modificar sus documentos de identidad desde el 2009, pero diversas ONG denuncian que no se ha aplicado esta norma.
Excluyen y castigan a la sociedad civil en temas humanitarios
El Comité de la ONU ve con «preocupación» que el Estado venezolano prometió crear el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos desde el 2019 y no se ha concretado nada, ni han informado de su progresa. Denuncian igualmente la falta de la participación efectiva de la sociedad civil en su preparación.
El ente sobre derechos humanos enfatiza que en Venezuela existen cada vez más pruebas «contundentes y frecuentes» de que en el país existe una alta opacidad en las instituciones públicas sobre sus presupuestos y sus gastos, imputando a cualquier activista de derechos humanos que denuncie actos de corrupción o torturas. «La corrupción sigue estando generalizada en muchos ámbitos de la vida pública», advierte las Naciones Unidas.
«Asimismo, preocupa al Comité la criminalización con cargos espurios (falsos o no auténticos) como “asociación delictiva” y “revelación de información confidencial” de defensores de derechos humanos y de funcionarios públicos quienes hayan denunciado casos de corrupción en los que estaban implicadas autoridades estatales», agregó.
La ONU condenó que el Estado venezolano no tenga mecanismos para «la reparación del derecho ante los órganos jurisdiccionales internos» y exige que deben incluir a la sociedad civil para la elaboración, vigilancia y cumplimiento del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.
Una vez más, el poder público es imparcial
El Comité «lamenta», por tercera vez consecutiva, que la Defensoría del Pueblo venezolano no acate ninguna recomendación del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Sobre todo después del 2016, cuando la comunidad internacional rebajó a la Defensoría del Pueblo a la «categoría B», como observador del subcomité porque no cumple con los acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales.
«En particular, le preocupan al Comité los informes que aluden a la incapacidad de la Defensoría del Pueblo de pronunciarse sobre los problemas de derechos humanos en el Estado parte de forma equilibrada, imparcial y objetiva, poniendo en duda la independencia de esa institución», se lee en el documento.
Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, la ONU establece que magistrados del poder judicial tienen «supuestos vínculos con los partidos políticos», como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que representa a Nicolás Maduro y su gabinete.
«Asimismo, preocupan las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que cercenan los derechos de participación política con la destitución de representantes públicos elegidos democráticamente, su ilegal arresto y la negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales», alude la ONU a las elecciones primarias de la oposición el pasado 22 de octubre, donde María Corina Machado ganó los comicios pero el Tribunal, el 30 de octubre, dejó «sin efecto» el evento electoral.
Estado de excepción que parecen interminables
«Preocupa al Comité la aplicación prolongada del Estado de Excepción de Emergencia Económica que tuvo efecto entre enero de 2016 y abril 2021. En particular, preocupan las informaciones de que las medidas de excepción no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que sus funciones de control y aprobación en la gestión pública durante este período fueron suspendidas, permitiendo al Poder Ejecutivo manejar los recursos públicos sin la aprobación parlamentaria, contrario a lo establecido en el artículo 339 y 399 de la Constitución», dice la ONU.
Del mismo modo, el ente multilateral reitera que el régimen venezolano ha usado la figura de los estados de excepción para cometer violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de periodistas, defensores de derechos humanos, y de líderes sindicales y de pueblos indígenas, «así como la suspensión del derecho a la reunión pacífica», donde utilizan la fuerza de funcionarios de seguridad o paraestatales como «los colectivos» para reprimir a la población.
No se mueven para cerrar la brecha de género y la violencia
La ONU también raspó al Estado venezolano en la reducción de la violencia basada en el género, la aprobación del aborto libre y seguro y la reducción de la discriminación de la mujer en todos los ambientes públicos y privados. Si bien existen leyes que protegen a la mujer, la comunidad internacional no ve que se apliquen o se mejore la protección.
«El Comité sigue preocupado por la persistencia de estereotipos discriminatorios y de actitudes patriarcales arraigadas acerca del papel y de las responsabilidades de la mujer, especialmente afectando a las mujeres provenientes de zonas rurales y empobrecidas», dice el documento. «Asimismo, lamenta su escasa representación general en la vida política y pública, en particular en los puestos decisorios, incluyendo en las empresas del sector privado, y la falta de datos actualizados al respecto»
Constataron que en el país existe una alta incidencia en los casos de violencia de género que quedan impunes y, en el caso del aborto, Venezuela no ha avanzado nada en la descriminalización o brindar información y apoyo en casos de violación, incesto o grave malformación del feto y el acceso limitado de las mujeres a servicios seguros de aborto y de atención posterior al aborto en el país.
«Preocupa el alto índice de mortalidad materna y la falta de estadísticas sobre el número de abortos clandestinos, el embarazo adolescente y la mortalidad materna. El Comité nota con preocupación los informes indicando que persisten las esterilizaciones practicadas bajo coacción en el marco del Plan Quirúrgico Nacional», agregó.
En Venezuela siguen las torturas y las desapariciones forzadas
Ya no es un secreto para la comunidad internacional que en Venezuela existen presos políticos que son torturados física, moral y psicológicamente, así como que los activistas de derechos humanos y los familiares de los privados de libertad son acosados por los cuerpos de seguridad y del propio gobierno madurista. Pero la ONU reconoce por primera vez que el Estado venezolano «haya negado esas denuncias y criticado las fuentes de las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su diálogo con el Comité».
Ahora reconocen que el gobierno madurista está implementando represalias para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas».
«Asimismo, nota con preocupación que las víctimas frecuentemente eligen no denunciar por temor a las represalias, y lamenta que la delegación del Estado parte no haya proporcionado información específica al respecto», dijo la ONU.
El Estado se hace la vista gorda frente a la esclavitud moderna
Dentro del compendio de preocupaciones, surgen ahora nuevas denuncias sobre el tráfico de personas con fines sexuales, el trabajo infantil en zonas mineras y el casamiento forzado a menores de edad en el país, «especialmente en el arco minero del Orinoco y en otras partes de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, incluso producido por la presencia de grupos armados y criminales no estatales relacionados con las actividades de extracción».
Frente a ello, la ONU le sugiere al Estado que modifique la leyes de amparo infantil, como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes, para aumentar la edad mínima del matrimonio (que actualmente son los 16 años) y mejore las acciones para documentar el nacimiento y la identidad de los jóvenes, donde se denuncia un amumento en las trabas de otorgamiento de certificados de nacimiento.
Bajo este contexto explican que la población infantil está más expuesta a la esclavitud moderna y al trabajo forzado. Informan que la presencia de bandas criminales en el Arco Minero del Orinoco también ha influido en la muerte y esclavitud de las poblaciones indígenas.
«Persisten las situaciones de desplazamiento forzado interno, particularmente en los estados fronterizos y en las zonas mineras, sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas. En este sentido, el Comité lamenta la falta de información proporcionada por el Estado venezolano», advirtió.
Siguen reduciendo el espacio público y los medios de comunicación
El Comité concluyó que las represiones hacia los medios de comunicación siguen más vigentes que nunca, mucho más en un contexto de elecciones presidenciales para el 2024. Denunciaron el cierre de medios, la detenciones arbitrarias a los periodistas, a los activistas y a los políticos.
Dentro de los reclamos, destacan «la opacidad o arbitrariedad por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al administrar la aprobación y renovación de las licencias, particularmente de los operadores de medios radioeléctricos». Como consecuencia, el Estado reduce la participación política al no informar sobre asuntos público y la «interferir deliberadamente en la inscripción en el Registro Nacional Electoral, afectando principalmente a los jóvenes entre 18 y 35 años e impidiendo su participación en las elecciones».
Frente a este panorama, la ONU volverá a evaluar al Estado venezolano dentro de ocho años, en 2031, debido a que deben examinar a todos los países en temas de derechos humanos. Para ese entonces el ente multilateral espera que hayan mejorado y reparado los derechos fundamentales en el país.
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