Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para exigir la liberación de Roberto Abdul, presidente de Súmate, así como el cese de la persecución política y actos de tortura en Venezuela.
Esta denuncia se realizó el pasado lunes, 11 de diciembre, durante la 22° Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, que se realiza en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
El evento, auspiciado por el Gobierno de Suecia y organizado por Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y Civil Rights Defenders, contó con la participación de víctimas, defensores de derechos humanos, representantes del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (Panel de Expertos de la OEA) y de la Corte Penal Internacional.
Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, señaló la tendencia de hostigar a personas cercanas a líderes de la oposición.
Al respecto, Diamanti advirtió sobre el recrudecimiento de esta persecución ante las próximas elecciones presidenciales, cuya agenda comenzó con la persecución y órdenes de detención del sector más cercano de María Corina Machado y la detención arbitraria de Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate.
“Como no se atreven a detener a quienes levantarían las alertas internacionales, como puede ser la detención de María Corina Machado, van detrás de su equipo de confianza”, sentenció.
Diamanti recordó que esto ha ocurrido en casos como los de Henrique Capriles y Juan Guaidó: «No hay dudas de un patrón sistemático de persecución política por parte del gobierno de Maduro para mantenerse en el poder, a través de la comisión de crímenes de lesa humanidad».
Además, alertó sobre el riesgo inminente que enfrentan cientos o miles de venezolanos el próximo año debido a esta persecución, tortura y asesinato, subrayando la urgencia de la denuncia.
Víctimas de la represión
José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera de Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, demandaron que el crimen de asesinato constituya una de las prioridades en la investigación de la Fiscalía de la CPI en la situación Venezuela I.
Igualmente, Olga González, esposa de Leonardo González, víctima de asesinato en 2017, narró la terrible historia de cómo su esposo fue perseguido por funcionarios policiales, quienes le propinaron más de 20 impactos de bala y ocasionaron su muerte.
“Hablo no solo en representación de mi esposo, sino de todas las personas asesinadas en Venezuela por el hecho de pensar distinto. Venimos a exigir justicia”, señaló González.
Durante el evento, se pudo conocer que el Panel de Expertos próximamente presentará un nuevo informe en el que se evidencia la falta de procesos judiciales en Venezuela que cumplan con los estándares de justicia, lo que reforzará la solicitud de que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe.
