La Asamblea Nacional de 2020 aprobó en el mes de noviembre la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Blanqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Esta nueva legislación, según el chavismo, busca proteger al pueblo venezolano de las injerencias extranjeras y las sanciones económicas impuestas al país.
Un aspecto fundamental de esta ley es la tipificación de la solicitud de sanciones internacionales como un crimen de lesa humanidad. Según el texto legal, estas acciones constituyen un ataque sistemático contra la población civil, lo que obliga a los órganos de justicia venezolanos a investigar y sancionar a los responsables.
La ley enfatiza la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales de la nación, como la independencia y la soberanía. Asimismo, establece un principio de interpretación favorable a los derechos humanos y a la soberanía nacional, garantizando que cualquier duda sobre la aplicación de la ley sea resuelta en favor de estos principios.
¿Qué implica esta nueva ley?
Esta normativa tiene como objetivo principal inhabilitar a las personas que promuevan o estén involucradas en la imposición de sanciones extranjeras contra Venezuela. Además, “busca proteger al pueblo venezolano de las consecuencias negativas de estas medidas coercitivas unilaterales”.
