La defensa de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, reiteró el viernes su exigencia de que sea operada en libertad y por médicos de su confianza para tratar una fractura en el hombro derecho que sufrió hace seis meses.
Su abogado, Juan Luis González Taguaruco, expresó su rechazo a que el régimen venezolano determine el equipo médico y el centro de salud donde se realizaría la cirugía, y denunció la falta de información sobre si será operada y cuándo.
Preocupación por la seguridad de San Miguel
En paralelo, el ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el viernes que las fuerzas de seguridad desmantelaron una «red de coyotes internos» que planeaba rescatar a dos detenidos, incluyendo a San Miguel, durante su traslado a una clínica para la operación.
Ante estas declaraciones, González Taguaruco manifestó que San Miguel está preocupada por la posibilidad de ser «sustraída sin su autorización» durante su traslado médico.
El proceso judicial contra San Miguel ha enfrentado demoras. Su abogado denunció que el inicio del juicio oral y público, en el que también está implicado su ex pareja Alejandro González, fue aplazado hasta el 31 de marzo debido a la falta de traslado de los acusados al juzgado.
Detención y acusaciones
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto a su hija. La Fiscalía la acusa de estar vinculada a una «trama conspirativa» para «atentar» contra el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y altos funcionarios.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel habría entregado información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a diplomáticos de otros tres países.
¿Quién es Rocío San Miguel?
Rocío San Miguel es una abogada y activista de derechos humanos, reconocida por su labor en la supervisión de asuntos de seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional en Venezuela.
Es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fundada en 2005 con el propósito de promover la contraloría ciudadana en temas militares y de seguridad.
Su trayectoria en el sector público comenzó en el año 2000, y desde Control Ciudadano ha monitoreado el cumplimiento de compromisos internacionales, como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha destacado la importancia de la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el ámbito militar.
