El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, exigió al sistema de justicia venezolano el restablecimiento inmediato de las visitas familiares a los presos políticos. En una contundente declaración, el exparlamentario denunció que a un número significativo de detenidos se les ha negado sistemáticamente el derecho fundamental de recibir visitas de sus padres y madres, contraviniendo lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Penitenciario vigente.
“Se necesita ser demasiado ‘Maluco’ para actuar de esa manera”, aseveró Narváez, cuestionando la base legal y moral de tales acciones. “¿Qué sistema penal y qué constitución se está ejecutando?”, inquirió el abogado, evidenciando la preocupación por el respeto al marco jurídico venezolano.
En otro punto crucial de su denuncia, Narváez se refirió a la alarmante situación de la atención médica para los presos políticos. Criticó la aparente inclinación del Estado a seguir vulnerando derechos constitucionales y garantías procesales al negar la posibilidad de atención médica privada a aquellos que padecen diversas patologías. El exparlamentario resaltó la infructuosa lucha de los familiares, quienes han recorrido instituciones estatales y embajadas en busca de respuestas, sin obtener resultados.
Lea también: Familiares de detenidos tras elecciones piden a Lula que interceda: Su Gobierno puede jugar un rol clave
“¿Por qué la mezquindad es tan grande que ni siquiera han decidido diseñar un plan de emergencia de salud para proceder a examinar y evaluar los casos, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 43 de la CRBV en su último aparte?”, cuestionó Narváez, recordando que “El Estado es responsable de preservar la vida de los privados de libertad”.
Para finalizar, el abogado penalista manifestó su profunda preocupación ante lo que considera una “indolencia impregnada de maldad” por parte de un sistema de justicia que, a su juicio, continúa actuando al margen de sus atribuciones constitucionales. Esta conducta, sentenció Narváez, aleja al sistema de la “autonomía e independencia para administrar Justicia imparcial que es su deber y obligación”.