El gobierno de Estados Unidos pretende poner fin a una política fundamental de inmigración que desde la década de 1990 ha ofrecido protecciones a los niños migrantes que están bajo custodia federal, de acuerdo con documentos judiciales presentados el jueves.
Las protecciones vigentes, conocidas como el Acuerdo Flores, limitan en gran medida a 72 horas el tiempo que los niños migrantes que viajan solos o con familia deben quedar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. También garantizan que los niños estén en condiciones seguras y salubres.
Los abogados del gobierno calificaron el Acuerdo Flores como un “régimen intrusivo” que ha “osificado” la política de inmigración federal. En una moción presentada el jueves por la tarde, sostienen que el acuerdo ya no es necesario después de que el Congreso aprobara leyes y que las agencias gubernamentales aplicaran políticas que también implementan los estándares y regulaciones exigidos en el acuerdo.
También culparon al acuerdo de aumentar el número de niños migrantes que ingresan al país en las últimas tres décadas.
Un acuerdo que existe de 1997 podría llegar a su fin
El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda en la que acusaba maltrato generalizado de los niños bajo custodia del gobierno estadounidense en la década de 1980 dio pie a una supervisión especial.
“El propio Acuerdo Flores ha cambiado el panorama de la inmigración al eliminar algunos de los desincentivos para que las familias ingresen ilegalmente en Estados Unidos. La migración familiar ilegal apenas existía en 1997”, escribieron.
El presidente estadounidense ya había actuado contra este acuerdo
El presidente Donald Trump intentó poner fin a las protecciones durante su primer mandato, y sus aliados han criticado durante mucho tiempo el acuerdo. Un documento judicial separado, presentado conjuntamente por el gobierno y activistas, propone una audiencia el 18 de julio ante la jueza Dolly Gee, presidenta de la Corte de Distrito federal para el Distrito Central de California.
“Los niños que buscan refugio en nuestro país deben ser recibidos con los brazos abiertos, no con encarcelamiento, privación y abuso”, alegó Sergio Perez, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.
“La moción del gobierno de Trump para desestimar este acuerdo, que impide que el gobierno encarcele a niños en condiciones brutales indefinidamente, es otro paso ilegal hacia el sacrificio de la rendición de cuentas y la decencia humana en favor de una agenda política que sataniza a los refugiados”, dijo Perez.
