La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes a la administración del presidente Donald Trump a revocar el programa de “parole humanitario” que beneficiaba a más de 532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, medida instaurada por el expresidente Joe Biden en 2023.
Con una votación de 7 magistrados a favor y 2 en contra, el máximo tribunal del país aceptó una solicitud de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional, permitiendo la cancelación inmediata de esta protección migratoria sin necesidad de revisar caso por caso.
El fallo revoca provisionalmente una decisión previa de una jueza federal en Massachusetts, que había bloqueado la iniciativa del gobierno Trump al considerar que la eliminación del programa era arbitraria y que pondría en riesgo a cientos de miles de personas que dependen del permiso para vivir y trabajar legalmente en EE.UU. de forma temporal.
Reacciones en el tribunal
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, del ala liberal de la Corte, votaron en contra de la decisión. En un disenso contundente, Jackson denunció que el tribunal había actuado con “precipitación” y “subestimado” las consecuencias humanas de su dictamen.
“El tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy. No exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables, y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, escribió la magistrada.
Jackson advirtió que los afectados ahora enfrentan dos alternativas igualmente graves: regresar a países marcados por la inestabilidad y el peligro, o permanecer en EE.UU. en condición irregular, arriesgándose a la detención y deportación.
Un golpe a la política migratoria de Biden
El programa, ampliado por el expresidente Joe Biden en enero de 2023, buscaba canalizar de forma ordenada la migración de ciudadanos de países con altas tasas de crisis humanitaria, especialmente ante el aumento de cruces irregulares en la frontera sur con México.
La medida permitía a los migrantes ingresar por vías legales y trabajar mientras regularizaban su estatus. Su revocación representa uno de los pasos más agresivos del nuevo mandato de Trump, quien asumió el poder este año con la promesa de endurecer la política migratoria y llevar a cabo deportaciones masivas.
Este es el segundo revés judicial para los migrantes en lo que va de 2025, tras un fallo similar del Supremo hace diez días que permitió a Trump cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de aproximadamente 350.000 venezolanos.
Incertidumbre y temor entre los afectados
Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han manifestado su profunda preocupación por el impacto de la medida. “Estamos hablando de familias ya establecidas, muchas con hijos nacidos en Estados Unidos, que ahora enfrentan una posible deportación y separación”, declaró María Teresa Kumar, directora de la organización Voto Latino.
Por el momento, el Gobierno no ha detallado los plazos concretos para el fin del programa, pero altos funcionarios indicaron que los procesos de revocación comenzarán en cuestión de semanas, mientras se evalúa la logística de posibles deportaciones.
Contexto regional
Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua son algunos de los países con situaciones socioeconómicas y políticas altamente críticas, lo que llevó a miles de sus ciudadanos a buscar refugio en Estados Unidos en los últimos años. El parole humanitario había sido un salvavidas legal para muchos, especialmente ante la falta de rutas migratorias regulares y seguras.
El fallo del Tribunal Supremo abre una nueva etapa de incertidumbre para más de medio millón de personas, al tiempo que marca una victoria clave para la agenda migratoria del presidente Trump, quien ha prometido aplicar mano dura en materia migratoria durante su segundo mandato.
