Rafael Tudares, esposo de Mariana González —hija del dirigente opositor en el exilio Edmundo González Urrutia—, irá a juicio tras una decisión de un tribunal de control que admitió las acusaciones de la Fiscalía en su contra por seis presuntos delitos: forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Según informó Mariana González mediante un comunicado, la audiencia preliminar fue realizada de manera telemática el pasado 13 de junio. Allí, además de decidirse la apertura a juicio, se ratificó la medida privativa de libertad para Tudares y se le negó cualquier beneficio sustitutivo, como régimen de presentación o prohibición de salida del país.
“La medida es arbitraria, injusta y violatoria de los derechos humanos. Rafael no ha cometido delito alguno y su único ‘crimen’ ha sido ser mi esposo y, por tanto, yerno de Edmundo González”, denunció González, quien también aseguró que su esposo permanece en condición de “desaparición forzosa”, ya que —afirmó— no tiene confirmación de su paradero pese a que oficialmente se le ha asignado la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda.
“Me han dicho hasta en 13 ocasiones que Rafael no está allí. Hasta hoy, no sé dónde lo tienen realmente”, denunció la hija de Edmundo González, quien se exilió en España tras las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Persecución política y silencio oficial
Mariana González sostuvo que ni ella ni su familia están involucrados en actividades políticas y que su esposo “no tiene nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad”. Asegura que la verdadera razón detrás de la detención de Tudares, ocurrida el pasado 7 de enero, tres días antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato, es “castigar” a su padre.
Ese mismo día también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa (posteriormente excarcelado) y el ex candidato presidencial Enrique Márquez, lo que organizaciones de derechos humanos calificaron como una nueva ola de represión política en el país.
“Rafael es inocente. Esta detención es una forma de intimidación política, una represalia por el vínculo familiar que tiene conmigo y, por ende, con mi padre”, dijo Mariana González.
Un caso más en una crisis prolongada
La defensa de Tudares ha exigido sin éxito su traslado a un centro de reclusión donde pueda ser visitado por sus abogados y familiares, así como el respeto a las garantías mínimas del debido proceso.
Mientras tanto, Mariana González promete seguir denunciando. “No me cansaré de insistir y abogar por la inocencia de mi esposo. Somos víctimas de un conflicto político del que no formamos parte”, concluyó.
