El reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expuesto una cruda realidad sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Edmundo González Urrutia, refiriéndose al documento, enfatizó que las violaciones no son incidentes aislados, sino parte de una política sistemática de represión.
El informe se aleja de cualquier tinte ideológico para centrarse en el impacto humano: «vidas marcadas por el dolor, por la injusticia, por el miedo».
Entre las revelaciones más alarmantes del informe, se documenta que 84 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, algunas de ellas por un período extendido de hasta 159 días, con 36 individuos aún sin paradero conocido.
Tras los procesos electorales, más de 2.400 personas fueron detenidas bajo acusaciones de terrorismo y conspiración, incluyendo grupos vulnerables como mujeres embarazadas, adolescentes, indígenas y personas con discapacidad. La ONU también confirmó 32 casos de tortura en el mismo período, afirmando categóricamente que esta práctica persiste en Venezuela.
Un llamado urgente a la justicia
El informe destaca además que, desde julio de 2024, al menos 116 personas, entre ellas periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sindicales, se han visto obligadas a esconderse o exiliarse por temor a ser perseguidas.
La ONU denunció el uso sistemático de leyes antiterroristas para sofocar la disidencia, lo que ha generado un «clima generalizado de temor, impunidad y represión».
Las investigaciones sobre violaciones del derecho a la vida se encuentran estancadas, y los tribunales antiterroristas procesan incluso a adolescentes, a menudo sin acceso a una defensa legal adecuada. Además, el informe reitera la crítica situación en el acceso a servicios esenciales como salud, educación y alimentación.
González Urrutia recalcó el impacto humano de estas cifras, haciendo un llamado a la empatía: «Cuando una madre, una esposa, una hija, una hermana pasa 159 días sin saber dónde está su hijo, no hablamos de política: hablamos de humanidad».
Subrayó que el encarcelamiento por disentir no es una cuestión de ideología, sino de derechos fundamentales. Con la verdad documentada por la ONU, González Urrutia concluyó que ahora es el turno de Venezuela de actuar y hacer justicia.
«El país que merecemos no puede construirse sobre el silencio ni sobre el olvido. La verdad es el primer paso, hay que reconocer el daño, reparar a las víctimas y garantizar que esta tragedia no se repita jamás», afirmó.
