El espacio cívico en Venezuela se cierra cada vez más: 49,6% de las ONG afirman tener impedimentos para ejercer su labor con libertad. Esta situación, marcada por restricciones legales, amenazas y discursos estigmatizantes desde el poder, agrava la ya crítica persecución contra quienes defienden derechos fundamentales en el país.
Así lo advirtió el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), que a través de su página web señaló que las actividades de las organizaciones no gubernamentales “se ven gravemente limitadas debido a la aplicación de leyes restrictivas y a la retórica estigmatizadora de autoridades de alto nivel contra las ONG, que fomentan un miedo generalizado a la detención y al ostracismo público”.
“Sin un cambio significativo en las políticas estatales, el cierre total del espacio cívico es inminente, amenazando la existencia de la mitad o más del sector de la sociedad civil”, acotó.
El ISHR alertó que estas medidas son contrarias a las recomendaciones de órganos de derechos humanos de la ONU, “y ponen de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades venezolanas de acatar el derecho internacional de los derechos humanos”. Además, recordaron que algunas de estas recomendaciones “fueron aceptadas voluntariamente por Venezuela hace dos años durante el Examen Periódico Universal”.
Más de 70 defensores de DDHH detenidos
En su comunicado, el ISHR recordó que desde el año 2024, más de 70 personas defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente, entre ellas Eduardo Torres, Naomi Arnaudez, Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas. En muchos casos, las detenciones han estado acompañadas de desaparición forzada, aislamiento prolongado y tratos crueles, configurando un patrón de persecución sistemática.
“Sus historias reflejan un patrón sistemático de persecución y criminalización de quienes vigilan, documentan e informan de forma independiente sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela”, denunció la organización.
De acuerdo con el ISHR, estos casos tienen lugar en el “contexto de una intensificación del acoso y la persecución por parte del Estado venezolano hacia las personas defensoras de los derechos humanos como un intento del gobierno de silenciar la labor de la sociedad civil tras las elecciones de julio de 2024″.
